La caída de un cable de media tensión en una zona habitada abre interrogantes sobre el mantenimiento de la infraestructura eléctrica y la responsabilidad de las autoridades
Rufino Aguilera
Altamira, Tamaulipas.
El grave accidente ocurrido en el sector El 20, en Altamira, donde un menor de edad resultó electrocutado tras la presunta caída de un cable de media tensión, no debería quedar únicamente como un hecho lamentable provocado por las condiciones meteorológicas.
La pregunta que ahora corresponde responder es clara: ¿quién es responsable de garantizar que una línea eléctrica instalada sobre una zona por donde transitan personas se encuentre en condiciones seguras?
De acuerdo con testigos, el incidente ocurrió después de que se registrara un fuerte estruendo durante una tormenta. Posteriormente, un cable de media tensión habría caído sobre el menor, provocándole una descarga eléctrica que puso en riesgo su vida.
Aunque corresponde a las autoridades y a la Comisión Federal de Electricidad determinar mediante una investigación técnica qué provocó el desprendimiento, el accidente obliga a revisar las condiciones en que se encontraba la infraestructura eléctrica.
Una tormenta puede ser un factor desencadenante, pero por sí sola no necesariamente explica por qué un cable de media tensión terminó en el espacio donde caminaban peatones. Será indispensable determinar si existía alguna falla, deterioro, falta de mantenimiento, sobrecarga, daño en postes o accesorios, o alguna otra circunstancia que pudiera haber contribuido al desprendimiento.
También deberá establecerse si existían reportes previos sobre las condiciones de la instalación y, en su caso, si fueron atendidos oportunamente.
La responsabilidad, por tanto, no debe señalarse de manera anticipada. Sin embargo, tampoco debería diluirse el asunto bajo el argumento de que se trató simplemente de un accidente.
Si la infraestructura pertenece y es operada por la CFE, corresponderá a la empresa explicar técnicamente qué ocurrió, cuáles eran las condiciones de la instalación y qué medidas de prevención y mantenimiento se habían realizado.
Pero también deben revisarse las responsabilidades que pudieran corresponder a las autoridades municipales y de Protección Civil en materia de prevención de riesgos, particularmente si existían antecedentes, reportes o condiciones visibles que representaran un peligro para la población.
El caso plantea además una pregunta de mayor alcance: ¿cuántos cables, postes o instalaciones eléctricas ubicadas en zonas habitacionales requieren una revisión antes de que ocurra otra tragedia?
La prioridad inmediata es la recuperación del menor y el esclarecimiento de los hechos. Después deberán venir las explicaciones.
Porque cuando una infraestructura eléctrica de alta peligrosidad cae sobre una zona peatonal y termina lesionando gravemente a un niño, la sociedad tiene derecho a saber qué falló, quién debía prevenirlo y qué medidas se tomarán para evitar que vuelva a ocurrir.
Determinar responsabilidades no significa buscar culpables a priori; significa establecer, con evidencia técnica y documental, si hubo una falla imprevisible o si existieron omisiones que pudieron evitar el accidente.
