Lidia Rita Bonilla Delgado
Ciudad Victoria Tamaulipas 4 de agosto de 2026.-El Pleno del reanudó sus actividades jurisdiccionales tras el periodo vacacional con una sesión ordinaria encabezada por la magistrada presidenta , en la que aprobó por unanimidad diversos acuerdos en materias civil, mercantil y de competencia judicial.
Aunque los asuntos abordados corresponden a procedimientos técnicos, las determinaciones del Pleno inciden directamente en el acceso a la justicia al definir qué autoridades son competentes para resolver controversias, garantizar el debido proceso y brindar certeza jurídica a las personas involucradas.
Entre los acuerdos aprobados destacan la designación de un nuevo asesor jurídico en un juicio civil, la resolución de conflictos de competencia entre juzgados civiles y familiares, así como la determinación de que un juicio mercantil relacionado con la deberá ser conocido por la jurisdicción federal, conforme al nuevo marco legal que regula a ese organismo.
Uno de los temas con mayor relevancia social surgió durante el apartado de asuntos generales, cuando el magistrado expuso la importancia de las medidas de protección para las víctimas de violencia.
El magistrado recordó que la evolución del marco jurídico mexicano ha colocado a las víctimas en el centro de la actuación institucional, estableciendo la obligación del Estado de proteger de manera inmediata a quienes enfrentan riesgos para su integridad física, psicológica o patrimonial.
Subrayó que mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad cuentan con mecanismos legales nacionales e internacionales que obligan a las autoridades a dictar medidas de protección oportunas y eficaces, mientras que los jueces tienen la responsabilidad de vigilar que estas sean legales, proporcionales y respondan a un riesgo real.
Asimismo, enfatizó que las víctimas no dependen exclusivamente de la actuación del Ministerio Público, ya que pueden acudir directamente ante un juez de control cuando consideren que su seguridad no ha sido debidamente garantizada.
Más allá de la resolución de expedientes, la sesión evidenció el papel del Poder Judicial como garante de derechos fundamentales. Las decisiones adoptadas no sólo resuelven conflictos procesales, sino que contribuyen a fortalecer la certeza jurídica, el debido proceso y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, elementos esenciales para una justicia con enfoque de derechos humanos.
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