La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) hizo un llamado a las autoridades educativas del país para revisar y, en su caso, reformar los mecanismos de supervisión de las escuelas privadas, particularmente las denominadas «escuelas militarizadas», al considerar que el caso de la adolescente Dafne Zapata evidenció graves deficiencias en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La organización señaló que el feminicidio de Dafne Zapata puso al descubierto la falta de supervisión efectiva y de coordinación entre las autoridades responsables de vigilar el funcionamiento de instituciones educativas privadas, situación que, afirmó, expone a las infancias y adolescencias a diversos tipos de violencia.
En un comunicado, la ODI sostuvo que las secretarías de Educación estatales deben fortalecer los mecanismos de inspección y seguimiento para garantizar que todos los planteles, especialmente aquellos con esquemas de formación militarizada, cumplan con las obligaciones de protección y salvaguarda de la integridad de las y los estudiantes.
Asimismo, recordó que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, incluso cuando ésta ocurra en instituciones administradas por particulares.
La organización subrayó que el caso de Dafne debe impulsar una revisión profunda de los procesos de autorización, supervisión y rendición de cuentas de las escuelas privadas, así como una mejor coordinación entre autoridades educativas, sistemas de protección de la niñez y fiscalías.
El pronunciamiento se suma al debate nacional sobre la regulación de las llamadas escuelas militarizadas, luego de que el caso generara cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad, los protocolos de actuación y la vigilancia gubernamental en este tipo de instituciones.
La muerte de la adolescente Dafne Zapata, ocurrida durante un campamento organizado por una academia militarizada, continúa bajo investigación y ha motivado llamados de organizaciones de derechos humanos para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en espacios educativos y recreativos.