Los Comités de Cuenca Río Sonora expone una serie de problemas y deficiencias en la gestión y respuesta por parte de autoridades estatales y federales frente a las consecuencias del derrame tóxico ocasionado por Grupo México en 2014
Hermosillo, Sonora – A casi diez años del devastador derrame tóxico en el Río Sonora, causado por Grupo México, las comunidades afectadas continúan luchando por justicia y reparación.
El anunciado Plan de Justicia Cananea-Río Sonora, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021, aún no ha sido implementado efectivamente, dejando a las poblaciones locales en un estado de vulnerabilidad y riesgo continuo.
En una reciente reunión celebrada el pasado 28 de febrero, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) confrontaron a las autoridades estatales y federales sobre la falta de avance y coordinación en las medidas prometidas.
Los resultados de los últimos análisis de agua realizados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en noviembre y diciembre de 2023 revelan niveles alarmantes de metales pesados en 13 de los 27 sitios muestreados, evidenciando la persistente contaminación del agua y la falta de acción para remediarla.A la fecha, las comunidades siguen sin acceso a agua potable libre de metales pesados, incumpliéndose las promesas de instalación de plantas potabilizadoras.
Además, la Secretaría de Salud de Sonora no ha proporcionado la atención médica especializada necesaria para los afectados por la contaminación, desoyendo incluso órdenes judiciales al respecto.La descoordinación entre las instituciones y la falta de cumplimiento de las promesas hechas han exacerbado la desconfianza y la frustración entre los habitantes del Río Sonora.
A pesar de los compromisos de mejorar la transparencia y la participación comunitaria en el proceso de reparación, las acciones concretas siguen siendo insuficientes.
«Si los avances no se ven en territorio, no sirven en papel», denuncian los CCRS, quienes exigen medidas urgentes para abordar no solo la crisis ambiental sino también la sanitaria que enfrentan más del 90% de los habitantes de la cuenca, incluyendo un alto riesgo de enfermedades graves por la exposición a metales pesados.
La comunidad internacional y las autoridades nacionales están llamadas a prestar atención y actuar con decisión ante esta crisis prolongada que afecta a las comunidades del Río Sonora, en busca de paz, salud y justicia para sus habitantes.