Criminalización de madres buscadoras agrava riesgos y evidencia falta de resultados institucionales: Edgar Cortez
Por Redacción/RealidadesMx
Ciudad de México.- Defensores alertan que señalamientos contra madres buscadoras pueden aumentar riesgos de violenciaiudad de México. Las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sobre una investigación para determinar quién financió el traslado de madres buscadoras de Jalisco a una manifestación en la capital del país, generaron fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre los riesgos de estigmatizar a quienes buscan a sus familiares desaparecidos.
El defensor de derechos humanos Edgar Cortez consideró preocupantes las declaraciones realizadas durante la conferencia presidencial, al señalar que sugieren sospechas sin presentar evidencias y contribuyen a construir narrativas de descrédito contra los colectivos de búsqueda.
Cortez advirtió que este tipo de discursos pueden tener consecuencias graves para la seguridad de las madres buscadoras, un sector que históricamente ha enfrentado amenazas, agresiones e incluso asesinatos. Recordó que más de 30 mujeres buscadoras han sido asesinadas en los últimos años, situación que refleja el alto nivel de vulnerabilidad en el que desarrollan su labor.
“No se trata de la intención de las autoridades, sino de las consecuencias que tienen estos mensajes en espacios de amplia difusión”, sostuvo el activista.
Cuestionan estrategia gubernamental
El también exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez afirmó que la estrategia impulsada por el gobierno federal para atender la crisis de desapariciones se ha limitado, en gran medida, a reuniones regionales entre funcionarios y colectivos de familiares.
Según explicó, estos encuentros reúnen a representantes de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, instancias de atención a víctimas y fiscalías; sin embargo, carecen de una agenda definida, compromisos concretos y mecanismos efectivos de seguimiento.
A su juicio, estos espacios funcionan más como ejercicios de escucha y administración del conflicto que como instrumentos para diseñar soluciones reales a una de las crisis humanitarias más graves que enfrenta el país.
El defensor subrayó que los problemas estructurales permanecen intactos: búsquedas insuficientemente coordinadas, rezago en la identificación de cuerpos localizados, investigaciones penales que no avanzan y ausencia de mecanismos efectivos de reparación para miles de familias afectadas.
Desde esta perspectiva, sostuvo que las reuniones oficiales permiten al gobierno argumentar que se están realizando acciones, aunque los resultados continúan siendo limitados frente a la magnitud del problema.
Las declaraciones de la titular de Gobernación ocurren en un momento de creciente presión sobre las autoridades federales y estatales para fortalecer las políticas de búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Diversos colectivos han denunciado durante años la insuficiencia presupuestal, la falta de coordinación institucional y la lentitud de las investigaciones.
La polémica también reabre el debate sobre el trato que reciben las madres buscadoras desde el poder público. Organizaciones civiles sostienen que cualquier insinuación que cuestione la legitimidad de sus movilizaciones puede contribuir a incrementar los riesgos que enfrentan, especialmente en regiones donde la violencia vinculada a las desapariciones sigue siendo una amenaza constante.
- Imagen generada con IA