En los últimos años, México se ha convertido en una de las rutas migratorias más transitadas y peligrosas del mundo, un fenómeno documentado ampliamente por organismos internacionales y medios de comunicación. A continuación, se destacan los principales riesgos y contradicciones en la gestión de la movilidad humana en el país, respaldados por datos y análisis de expertos.
Flujos Migratorios Mixtos: Una Realidad Compleja
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2019), los flujos migratorios hacia México han evolucionado hacia flujos mixtos y diversos. Estos incluyen desde solicitantes de asilo hasta víctimas de trata y menores no acompañados, quienes enfrentan dinámicas de tránsito complejas y riesgos en cada etapa del camino.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2023) advirtió sobre el aumento en la presencia de niñas, niños y adolescentes en estos flujos, representando al menos el 26% de la población migrante en 2021, una cifra que sigue en ascenso.
Riesgos y Violencia en el Tránsito
La situación es particularmente alarmante en las rutas migratorias controladas por el crimen organizado. InSight Crime (2023) señaló que México alberga «las organizaciones criminales más grandes, sofisticadas y violentas del hemisferio», las cuales operan actividades como trata de personas, tráfico de drogas y armas.
Por su parte, el Índice Global de Criminalidad (2023) posiciona a México en el tercer lugar a nivel mundial en niveles de criminalidad, destacando la trata de personas como uno de los delitos más extendidos.
Eventos Trágicos como Evidencia
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2021) y el Fondo para la Justicia y el Estado de Derecho (FJEDD, 2022) han documentado masacres como la de San Fernando, Tamaulipas (2010), Cadereyta, Nuevo León (2012) y Camargo, Tamaulipas (2021). Estas tragedias evidencian la extrema vulnerabilidad de las personas migrantes ante la violencia sistémica.
Militarización y Derechos Humanos
La militarización de la política migratoria, documentada por el FJEDD (2022) y el Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI-IBERO, 2024), ha incrementado la vulneración de derechos humanos. La participación de fuerzas armadas como la Guardia Nacional en tareas de control migratorio ha derivado en abusos, uso excesivo de la fuerza y colusión con el crimen organizado.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (2022) denunció que la impunidad y revictimización son generalizadas, mientras que informes como el de Human Rights Watch (Vivanco, 2021) exponen los enfrentamientos violentos entre autoridades y personas migrantes en tránsito.
La Contradicción de las Políticas Migratorias
Aunque México fue un actor clave en el Pacto Mundial para la Migración Segura (2018), las políticas nacionales han priorizado la seguridad nacional sobre la protección humanitaria. Desde el «Plan Sur» de Vicente Fox hasta la implementación de la Guardia Nacional en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los enfoques restrictivos han generado mayores peligros para las personas migrantes.
Un Llamado Urgente
Organismos internacionales como UNICEF, la OIM y la ONU insisten en la necesidad de replantear las políticas migratorias en México, priorizando la seguridad y dignidad de las personas en movilidad. Los datos son contundentes: según la OIM (2024), 782 personas han muerto o desaparecido en la frontera México-Estados Unidos en lo que va del año, incluidas 40 menores de edad.
La evidencia exige una respuesta inmediata. Más allá de las estadísticas, están en juego miles de vidas que merecen protección y justicia.
