En medio de la inauguración de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, organizaciones como Greenpeace México han expresado profundas inquietudes sobre los impactos del megaproyecto, que ha sido señalado por sus graves consecuencias ambientales, sociales y de transparencia.
Deforestación masiva y daño ambiental
Greenpeace estima que el proyecto ha resultado en la deforestación de más de 10 millones de árboles en aproximadamente 7,000 hectáreas, una extensión equivalente a 9,500 campos de fútbol o 10 veces el bosque de Chapultepec. Este nivel de destrucción amenaza ecosistemas únicos y fragmenta hábitats esenciales. Aunque el gobierno ha promovido la creación de áreas protegidas, expertos señalan que estas medidas no compensan el daño irreversible.
La organización también critica la expansión del turismo masivo en la región, lo que está promoviendo la tala de la Selva Maya a un ritmo de 190 hectáreas diarias. Según Greenpeace, esta situación está impulsada por la especulación inmobiliaria y el desarrollo de mega-proyectos turísticos, lo que agrava el cambio de uso de suelo y la privatización de tierras.
Impacto en comunidades indígenas
Las consultas realizadas con comunidades indígenas han sido ampliamente cuestionadas. Según múltiples denuncias, no se ha respetado el principio de consentimiento libre, previo e informado, afectando los derechos territoriales y culturales de estas comunidades. Aunque el proyecto asegura estar diseñado “con y para las comunidades”, expertos y organizaciones argumentan que los beneficios reales no llegan a los pueblos originarios, quienes enfrentan desplazamiento y la destrucción de su entorno.
Uso de recursos públicos y presupuesto ambiental
Un aspecto polémico ha sido la asignación de recursos públicos. Más de la mitad del presupuesto destinado a mitigar el cambio climático se ha redirigido al Tren Maya, según Greenpeace. Además, el recorte propuesto del 40% al presupuesto de la Semarnat plantea dudas sobre cómo México cumplirá con sus compromisos ambientales.
Militarización y transparencia
La construcción y operación del Tren Maya están bajo control militar, lo que ha generado preocupaciones sobre la transparencia y posibles violaciones a los derechos humanos. Greenpeace critica que el proyecto esté clasificado como asunto de “seguridad nacional”, restringiendo el acceso a información pública y limitando la rendición de cuentas.
El Tren Maya, presentado como un símbolo de desarrollo y progreso, enfrenta serios cuestionamientos por sus costos ambientales, sociales y éticos. Organizaciones, comunidades y expertos llaman al gobierno a un diálogo transparente y a la implementación de medidas que prioricen la protección de la Selva Maya y el respeto por los derechos de las comunidades afectadas.
Fuentes:
Greenpeace México, Denuncias de comunidades indígenas;Datos oficiales del gobierno sobre asignación presupuestal y Expertos en medio ambiente y derechos humanos
