Urge abordar y cambiar las estructuras que perpetúan la violencia de género en México.
Cada año, México enfrenta una alarmante realidad: se registran aproximadamente 33 mil casos de violencia sexual.
En un país azotado por una epidemia de este tipo de violencia, mujeres y menores de edad son las víctimas principales, con un promedio de entre tres y cuatro casos denunciados cada hora, totalizando 90 casos diarios.
Un análisis de datos realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que, en la última década, se han denunciado cerca de 330 mil delitos sexuales, con solo 28 mil casos resultando en sentencias condenatorias.
Lo anterior indica que el 91% de los casos de violencia sexual queda impune, dejando a las víctimas sin justicia.
El estudio también destaca la falta de recursos públicos destinados a abordar la problemática de género.
Según MCCI, solo el 6% de los fondos asignados para reducir las brechas de género se enfocan específicamente en promover la igualdad entre hombres y mujeres. Critica la asignación de presupuesto basada únicamente en el género, sin abordar las diversas formas de discriminación y exclusión presentes en la sociedad.
El Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), titulado «Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres,» no solo carece de un enfoque interseccional para abordar diversas opresiones, sino que también falla en cerrar la brecha salarial de género.
Datos de México ¿cómo vamos? revelan que, al cierre de 2023, la brecha salarial promedio en el sector formal es del 12%, aumentando al 26% en el mercado laboral informal.
La impunidad en torno a los delitos sexuales también es destacada, evidenciada por sanciones mínimas impuestas por el Poder Judicial de la Federación.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que un caso de posesión de pornografía infantil fue sancionado con una simple «amonestación,» a pesar de contemplar el Código Penal de la Federación hasta doce años de prisión para dicho delito.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, esta realidad refleja la deuda del Gobierno federal con todas las mujeres del país.
La corrupción que permea estos casos resalta la urgencia de abordar y cambiar las estructuras que perpetúan la violencia de género en México.