La organización civil pidió al Poder Judicial de Nuevo León mantener una evaluación estricta antes de modificar la medida cautelar impuesta a uno de los imputados por la muerte de un adolescente con discapacidad bajo custodia estatal.
Nuevo León, 7 de julio de 2026. — La organización Tejiendo Redes Infancia lanzó una alerta pública ante la intención de modificar la medida cautelar vigente contra Raymundo Francisco N., imputado en la causa judicial 04556/2023 por la muerte de Ángel Moreno, adolescente con discapacidad que falleció mientras se encontraba bajo custodia del Sistema DIF de Nuevo León.
El pronunciamiento advierte que cualquier cambio en las restricciones judiciales sin una valoración rigurosa de riesgos podría enviar una señal de impunidad en un caso que, de acuerdo con la organización, ha sido documentado por autoridades investigadoras y organismos de derechos humanos como una grave vulneración de derechos.
Ángel Moreno no murió en un espacio privado ni fuera del alcance institucional. Falleció en instalaciones vinculadas al Estado, bajo la responsabilidad de un sistema que debía garantizar su protección reforzada por tratarse de un adolescente con discapacidad. Esa condición no es un dato secundario: obliga a las autoridades a actuar con mayor diligencia, cuidado y vigilancia.
La exigencia de Tejiendo Redes Infancia se concentra ahora en que el Poder Judicial no trate la modificación de una medida cautelar como un trámite ordinario. La prisión preventiva, la presentación periódica, la prohibición de acercamiento u otras restricciones no son sanciones anticipadas; son mecanismos para asegurar que un proceso penal llegue a juicio sin evasión, interferencias ni riesgos para las víctimas indirectas y la búsqueda de justicia.
La organización recordó que el caso ha sido señalado por la Fiscalía, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un asunto de violaciones graves a derechos humanos. Además, refiere la Recomendación 148/2025 de la CNDH, relacionada con la demanda de justicia para Ángel.
El fondo del caso rebasa la situación jurídica de una sola persona imputada. Pone bajo escrutinio la capacidad del DIF Nuevo León y de las instituciones encargadas de protección para responder cuando una niña, niño o adolescente bajo su resguardo sufre daño o pierde la vida. Si no hay una investigación sólida, sanciones proporcionales y reparación integral, la tutela estatal se convierte en abandono institucional.
Modificar una medida cautelar sin explicar públicamente los criterios, sin escuchar a las víctimas y sin considerar el contexto de discapacidad, custodia estatal y posibles responsabilidades institucionales abriría una nueva herida en un expediente ya marcado por la desigualdad de poder entre una familia y las estructuras del Estado.
Tejiendo Redes Infancia pidió que las autoridades judiciales garanticen un proceso con perspectiva de niñez, discapacidad y derechos humanos; que se evite cualquier retroceso que comprometa la comparecencia de los imputados o el esclarecimiento de los hechos; y que la justicia para Ángel no quede reducida a un expediente administrativo.
La pregunta central sigue vigente: ¿quién responde cuando el Estado, obligado a cuidar, no logra proteger la vida de un adolescente bajo su custodia?