La incineración y coprocesamiento: Argumentan que estos procesos no deben considerarse como parte de la economía circular o energía limpia debido a sus efectos contaminantes.
Ciudad de México, 16 de octubre de 2024 – Diversas organizaciones ambientales, académicas y científicas han manifestado su preocupación tras el reciente anuncio del gobierno federal sobre la construcción de un complejo de economía circular en Tula, Hidalgo. El proyecto, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de SEMARNAT, Alicia Bárcena, promete ser el mayor en su tipo a nivel mundial, enfocado en reducir la contaminación mediante la gestión de residuos, el tratamiento de agua y la generación de energía limpia. Sin embargo, grupos críticos señalan una serie de riesgos y falta de transparencia.
Las organizaciones firmantes, entre ellas Greenpeace México, Acción Ecológica y la Colectiva Malditos Plásticos, han expresado sus dudas sobre el uso de tecnologías como la incineración y el coprocesamiento de residuos, las cuales, afirman, no deben considerarse energía limpia. Estas prácticas, señalan, generan contaminantes tóxicos y agravan los problemas de salud pública y cambio climático en las regiones donde se implementan.
Uno de los puntos más críticos es la falta de acceso a información específica sobre el proyecto, algo que consideran esencial para garantizar la participación informada de las comunidades locales. Además, solicitan que la SEMARNAT no permita la quema de residuos bajo el argumento de sostenibilidad, ya que este enfoque podría perpetuar políticas extractivistas y neoliberales que han dañado históricamente la región.
Otra de las preocupaciones destacadas es que el decreto de restauración ecológica de la región de Tula, que abarca 36,637 hectáreas, excluye zonas contaminadas cercanas en el Estado de México, como Apaxco, lo que según los firmantes refleja una falta de visión integral sobre la problemática ambiental compartida entre ambos estados.
En conclusión, los grupos demandan que el proyecto se enfoque exclusivamente en la restauración ambiental sin comprometer la salud y los derechos de las comunidades bajo la bandera de un desarrollo económico que, afirman, perpetúa la injusticia ambiental.