Ciudad Victoria, Tamaulipas, 16 de Julio de 2026.- El Poder Judicial de Tamaulipas emitió por primera vez una sentencia en formato de lectura fácil dirigida a una víctima menor de edad, un ejercicio que busca hacer más comprensibles las resoluciones judiciales y que, además, incorpora el uso de herramientas de inteligencia artificial para la elaboración de este documento.
La resolución fue emitida por la Sala Colegiada Penal, integrada por la magistrada Griselda Marisol Vázquez García y los magistrados Ignacio García Zúñiga y Óscar Alberto Lara Sosa, quienes presentaron una versión adaptada de la sentencia con un lenguaje claro y accesible para que la víctima pudiera comprender el sentido de la decisión judicial.
Aunque el uso de formatos de lectura fácil representa un avance en materia de acceso a la justicia, el anuncio también abre un debate sobre la incorporación de inteligencia artificial en el ámbito judicial. Hasta el momento, el Poder Judicial no ha informado qué herramienta tecnológica fue utilizada, cuáles son los protocolos de supervisión humana aplicados ni qué medidas existen para proteger la confidencialidad de la información procesada.
Especialistas en justicia digital han señalado que el empleo de inteligencia artificial puede agilizar la elaboración de documentos y facilitar su comprensión, siempre que exista una revisión integral por parte de las autoridades judiciales y que la tecnología no sustituya el criterio jurídico de jueces y magistrados.
En este caso, el Poder Judicial precisó que la inteligencia artificial fue utilizada para apoyar la elaboración de la versión en lectura fácil de la resolución y no para emitir el fallo judicial, cuya responsabilidad recae exclusivamente en los integrantes de la Sala Colegiada Penal.
El precedente coloca a Tamaulipas entre los poderes judiciales que comienzan a incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la comunicación con las personas usuarias del sistema de justicia. Sin embargo, también plantea la necesidad de establecer lineamientos públicos sobre el uso de inteligencia artificial, con criterios de transparencia, rendición de cuentas y protección de derechos, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.
