Ciudad de México, 11 de junio de 2025.- El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025, publicado el pasado 15 de abril en el Diario Oficial de la Federación, ha sido impugnado judicialmente por personas con discapacidad de al menos nueve estados de la República: San Luis Potosí, Guanajuato, Baja California Sur, Puebla, Tabasco, Chiapas, Durango, Jalisco y Coahuila.
Los recursos de amparo interpuestos en cada entidad señalan una violación al artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), instrumento internacional ratificado por México, que obliga al Estado a garantizar consultas estrechas, activas y significativas con las personas con discapacidad en la elaboración de leyes y políticas que las afecten.
“Queremos participación activa, no simulaciones. Las decisiones que se toman sin nosotras nos dejan invisibilizadas y en indefensión”, expresaron las promoventes en un comunicado conjunto.
Denuncian exclusión estructural
Las personas con discapacidad señalaron que el proceso de elaboración del PND no cumplió con los estándares internacionales de ser previo, público, abierto, accesible, transparente y significativo. Tampoco hubo participación efectiva de organizaciones representativas, como lo exigen tanto la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como las observaciones del Comité de la ONU sobre Discapacidad.
Aunque el PND contempla políticas de salud y asistencia social, las personas promoventes advierten que su enfoque es limitado y no atiende demandas clave en accesibilidad, movilidad, transporte, educación, trabajo, cultura y apoyos tecnológicos.
“Nada de nosotros sin nosotros”
La consigna internacional del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, “Nada de nosotros sin nosotros”, fue reiterada como exigencia ante un modelo de desarrollo que sigue siendo, aseguran, excluyente y asistencialista.
Las acciones legales buscan sentar un precedente que obligue al Estado mexicano a cumplir con sus compromisos internacionales y a erradicar las barreras estructurales y actitudinales que perpetúan la exclusión del colectivo.
