Falta de cumplimiento de compromisos gubernamentales
Enero 26 de 2024.- En un comunicado de prensa, Juan Martín Pérez García, coordinador de una coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil, denuncia la persistente crisis en la que niñas y niños indígenas armados en Guerrero, México, son víctimas de reclutamiento forzado.
Destaca la complicidad corrupta de funcionarios y la violencia armada generalizada como factores que perpetúan esta problemática pese a los llamados internacionales, el Estado mexicano se ha negado durante años a tipificar el delito de reclutamiento forzado y a implementar programas de desvinculación para las víctimas, especialmente niñas, niños y adolescentes.
La respuesta oficial se caracteriza por negar la realidad, cuestionar datos oficiales y revictimizar a los afectados. «Es muy grave que un alto funcionario del Estado de Guerrero anuncie denuncias penales contra las comunidades indígenas, porque pretenden evadir su responsabilidad legal de garantizar la seguridad de la población, además de distraer la exigencia para responder sobre los incumplimientos ante las comunidades indígenas y especialmente para evitar que se investiguen las denuncias de los vínculos entre funcionarias y funcionarios públicos locales con los grupos criminales», puntualiza.
En el comunicado se resalta la falta de cumplimiento de compromisos gubernamentales, mencionando un incidente en enero de 2020 donde diez músicos indígenas fueron asesinados y sus cuerpos calcinados.
A pesar de las promesas incumplidas, la comunidad se vio obligada a presentar nuevos casos ante la prensa internacional en 2021, mostrando a niñas y niños armados en un intento desesperado por llamar la atención.
Organizaciones de la Sociedad Civil han documentado esta situación por más de una década, llevando el caso ante instancias internacionales como el Comité de Derechos del Niño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A pesar de compromisos gubernamentales en audiencias temáticas, el Estado mexicano no ha cumplido con la tipificación del delito de reclutamiento forzado ni ha creado una estrategia nacional frente a la violencia armada que afecta a la niñez, especialmente en Guerrero.
A través del comunicado las organizaciones hacen un llamado urgente al Estado mexicano para responder con una estrategia articulada de seguridad, establecer mesas de diálogo con la participación de organismos internacionales, retomar la Comisión de la Estrategia Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes frente a la Violencia Armada, y crear una comisión bicameral para avanzar en la reforma legal necesaria.
La nota concluye con el hashtag #NiñezLibreDeGuerra y enfatiza que mientras el Estado mantenga la misma estrategia de seguridad, permita la corrupción e impunidad, la violencia persistirá en el país, y el reclutamiento de la niñez se seguirá normalizando.
