Lidia Rita Bonilla Delgado
Ante el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la aplicación de políticas migratorias más severas, el gobierno de México ha respondido con una estrategia que, lejos de defender los derechos humanos o la soberanía nacional, ha replicado un modelo de contención, represión y subordinación, según advierte el nuevo informe presentado por la organización civil Signos Vitales.
El reporte titulado “Migración en México en tiempos de Trump: Amenazas y subordinación” documenta cómo las nuevas órdenes ejecutivas firmadas por Trump vinculan la migración a la seguridad nacional, promoviendo su criminalización y justificando discursos donde los migrantes son calificados como «invasores». Esta retórica ha tenido consecuencias inmediatas en el terreno: detenciones masivas, eliminación de derechos y una creciente vulnerabilidad para las personas migrantes en tránsito.
Subordinación operativa y narrativa oficial
Pese a los discursos del gobierno mexicano sobre soberanía e independencia, el informe señala que “la respuesta del Estado mexicano ha sido funcional a los intereses del gobierno estadounidense”, marcando una continuidad con el modelo aplicado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando las detenciones migratorias crecieron un 230% respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto, y un 434% en comparación con el de Felipe Calderón.
Durante los primeros dos meses del actual gobierno de Claudia Sheinbaum, las cifras no se han revertido. La autoridad migratoria reportó la detención de 349,625 personas migrantes, lo que refleja —según el informe— una profundización del rol de México como “muro de contención” de Washington.
Migración inversa y criminalidad transnacional
Frente al endurecimiento de la política estadounidense y las menores posibilidades de acceso legal a su territorio, ha surgido un nuevo fenómeno: la migración inversa. “Muchas personas migrantes ahora se ven forzadas a regresar a su país de origen o buscar refugio en un tercer país seguro”, apunta el documento.
El escenario también ha sido aprovechado por organizaciones criminales. Solo en 2023, estos grupos cruzaron a 648 mil personas hacia Estados Unidos —un promedio de 74 cruces ilegales por hora— y obtuvieron ingresos récord de 6,079.8 millones de dólares, de acuerdo con Signos Vitales. Estas redes se han expandido en el sur de México, en particular en la frontera con Guatemala, disputando el control territorial con otros actores del crimen organizado, involucrados en el contrabando de mercancías, el tráfico de combustibles y la trata de personas.
Estaciones migratorias y derechos vulnerados
Mientras tanto, en el lado mexicano, más de 925 mil personas permanecen en situación migratoria irregular, muchas de ellas en condiciones precarias dentro de estaciones migratorias que han sido señaladas por organismos nacionales e internacionales por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
“La detención arbitraria, la falta de acceso a procesos legales y el hacinamiento han creado entornos de abuso, violencia, extorsión y explotación”, subraya el informe.
Impacto económico y flujos legales
Aunque la política migratoria se ha endurecido, el flujo de mexicanos hacia Estados Unidos por vías legales ha mostrado resiliencia. Entre 2018 y 2023, más de 1 millón 72 mil personas migraron con documentación regular, y el 59% de ellas ingresó con algún visado o permiso formal. La tasa de rechazo ha bajado y la emisión de visas creció un 18.1% con respecto a 2024.
Sin embargo, el informe advierte que el endurecimiento de las políticas migratorias tiene efectos económicos negativos tanto para Estados Unidos como para México. Si Trump cumple su plan de deportar a 8.3 millones de personas, el Producto Interno Bruto estadounidense podría caer hasta en 7% anual, con un impacto superior a los 300 mil millones de dólares.
En el caso mexicano, los efectos se sienten ya en variables clave de la cuenta corriente, como remesas, turismo, transporte y servicios fronterizos.
Corrupción institucional y complicidad
El documento no omite la responsabilidad estatal. Signos Vitales señala que la expansión del crimen organizado no podría entenderse sin la corrupción en las agencias migratorias de ambos países. “Hay evidencia documentada de complicidad de autoridades migratorias en el tráfico de personas y en esquemas de extorsión a migrantes”, concluye.
Conclusión
El informe deja al descubierto una situación en la que México, lejos de erigirse como defensor de los derechos de las personas migrantes, ha actuado como ejecutor de una política migratoria ajena. Entre las víctimas están no solo los migrantes que huyen de la violencia o la pobreza, sino también la legalidad, la institucionalidad y los principios humanitarios que México dice defender.
