Rufino Aguilera
Tampico
La señora Alejandra Quintos, madre de Dafne, presentó la propuesta de la “Ley Dafne para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Instituciones de Formación Militarizada y Campamentos”, iniciativa que busca fortalecer la seguridad y garantizar el respeto a los derechos de los menores que participan en este tipo de actividades.
La propuesta surge tras el fallecimiento de Dafne durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Doenitz, caso que ha generado indignación y un llamado a revisar la regulación de estos centros de formación.
De acuerdo con la iniciativa, el objetivo es garantizar la integridad física, psicológica y emocional de niñas, niños y adolescentes, priorizando en todo momento el interés superior de la niñez y estableciendo mayores mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para las instituciones militarizadas y campamentos.
Entre los principales puntos de la Ley Dafne se contempla la prohibición de castigos físicos, ejercicios que pongan en riesgo la vida o la salud, así como métodos disciplinarios degradantes, humillantes o crueles. Además, establece que cualquier actividad acuática deberá realizarse con supervisión profesional, equipo de seguridad y protocolos de emergencia.
La iniciativa también plantea que todas las actividades consideradas de riesgo cuenten con personal certificado en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), salvavidas cuando existan actividades en el agua, botiquines y equipo de emergencia, además de comunicación inmediata con los servicios médicos.
Otro de los puntos propone que las instituciones instalen sistemas de videovigilancia en áreas comunes y conserven las grabaciones durante al menos 90 días para facilitar las investigaciones en caso de incidentes.
Asimismo, establece la obligación de notificar de inmediato a padres o tutores y a las autoridades competentes sobre cualquier accidente grave, lesión, desaparición o fallecimiento ocurrido dentro de las instalaciones.
La propuesta también contempla inspecciones periódicas por parte de las autoridades educativas y de Protección Civil, con la posibilidad de suspender las actividades de las instituciones que incumplan las medidas de seguridad.
Finalmente, la iniciativa prevé sanciones administrativas, civiles y penales para quienes infrinjan la ley, además de garantizar a las familias de las víctimas acceso a información transparente sobre las investigaciones y apoyo psicológico y jurídico.
Alejandra Quintos hizo un llamado a las autoridades y a los legisladores para analizar e impulsar la Ley Dafne, con el propósito de evitar que tragedias como la de su hija vuelvan a repetirse.
