Con el inicio de la veda electoral este jueves 29 de mayo, México entra en la fase final rumbo a una elección inédita: por primera vez en su historia, la ciudadanía elegirá directamente a jueces, magistrados y ministros que integrarán el Poder Judicial de la Federación.

La jornada del 1 de junio no solo marcará un antes y un después en el diseño institucional del país, sino que representa también un reto logístico, político y democrático sin precedentes. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), más de 800 cargos judiciales estarán en juego, y el proceso de votación y conteo buscará garantizar transparencia y legalidad en medio de un contexto altamente polarizado.

Se apaga la ùpropaganda: ¿Qué implica la veda electoral?

La entrada en vigor de la veda electoral implica la suspensión de todas las campañas, la prohibición de difundir propaganda gubernamental y el cese de declaraciones públicas por parte de candidatos o autoridades relacionadas con el proceso. Esta etapa busca respetar la reflexión del electorado antes de emitir su voto y evitar cualquier forma de coacción o influencia indebida.

El INE ha advertido que los servidores públicos tienen prohibido utilizar recursos del Estado para promocionar logros de gobierno, y recordó que violar estas disposiciones podría acarrear sanciones administrativas o penales.

¿Qué se vota el 1 de junio?

Según información oficial del INE, las y los mexicanos decidirán mediante voto directo sobre los siguientes cargos dentro del sistema judicial federal:

• 9 ministros(as) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
• 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
• 15 magistraturas en las Salas Regionales del TEPJF.
• 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
• 464 magistraturas de circuito.
• 386 juzgadores de distrito.

En total, 881 puestos de gran relevancia jurídica estarán sujetos a elección popular.

El conteo: manual, ciudadano y con vigilancia pública

El conteo de votos será manual y estará a cargo de las Mesas Directivas de Casilla Seccional, conformadas por ciudadanos previamente capacitados por el INE. De acuerdo con la autoridad electoral, este mecanismo busca asegurar un escrutinio público, verificable y legítimo.

Entre las acciones clave durante la jornada se encuentran:

• Extracción de las boletas de la urna única.
• Clasificación de votos por cada uno de los seis tipos de cargo.
• Registro oficial en el Acta de Jornada Electoral.
• Sellado del paquete con documentación clave, como la lista nominal y constancias de clausura.
• Publicación de resultados afuera de cada casilla para su consulta inmediata por la ciudadanía.

El INE subrayó que los paquetes electorales serán trasladados a los consejos distritales donde se realizará el cómputo oficial. Además, los resultados preliminares estarán disponibles públicamente desde el cierre de casillas.

Participación ciudadana en el centro del proceso

El órgano electoral ha desplegado una campaña informativa nacional para familiarizar a la población con las papeletas, las funciones de los cargos judiciales y las reglas del proceso. Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles han alertado sobre el riesgo de desinformación y el poco conocimiento ciudadano sobre los perfiles de los aspirantes.

En palabras del propio INE, esta elección “constituye un reto logístico sin precedentes”, pero confían en que su infraestructura y experiencia permitirán cumplir con los principios de legalidad, certeza y transparencia.

Actores clave y controversia política

Aunque esta reforma fue promovida desde el Poder Ejecutivo, su implementación recae en el INE, que ha tenido que sortear críticas tanto de sectores judiciales —que advierten sobre una posible politización del sistema de justicia— como de sectores políticos que denuncian una posible captura del Poder Judicial.

Entre los actores involucrados destacan:

• El Poder Ejecutivo, como impulsor de la reforma.
• El INE, responsable de organizar y vigilar la elección.
• La SCJN y el Consejo de la Judicatura, que han manifestado reservas institucionales.
• Organizaciones civiles y colegios de abogados, que observan el proceso.

La elección judicial de 2025 marcará un parteaguas en el sistema democrático mexicano. Con la veda electoral en marcha y el operativo logístico en su fase final, la responsabilidad ahora recae en la ciudadanía, que deberá ejercer un voto informado, consciente y vigilante.

El proceso será observado de cerca tanto a nivel nacional como internacional, no solo por la magnitud del cambio institucional que representa, sino por su potencial para redefinir la relación entre el poder político, judicial y la sociedad mexicana.