Congreso transfiere funciones clave a la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital para fortalecer la gestión digital, la transparencia y la participación ciudadana.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 19 de mayo de 2025.— El Congreso del Estado aprobó en comisiones una iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública para consolidar un modelo de gestión más moderno, eficiente y centrado en el uso estratégico de la tecnología.
La propuesta legislativa, impulsada por diputadas y diputados de las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), contempla transferir a la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital del Estado las funciones relacionadas con la mejora regulatoria, el gobierno abierto y los datos abiertos, que hasta ahora estaban bajo responsabilidad de la Contraloría Gubernamental.
De acuerdo con el dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos Primera y de Administración, la medida busca optimizar los procesos administrativos, fortalecer la transparencia institucional y facilitar la participación ciudadana mediante el uso de herramientas digitales.
“La presente acción legislativa tiene como objeto establecer una gestión pública moderna y eficiente en Tamaulipas, alineando nuestras estructuras a los modelos nacionales de gobernanza digital”, señaló el diputado Elifa Gómez durante el debate.
La iniciativa también busca armonizar la legislación local con el decreto federal en materia de transformación digital, publicado el 28 de noviembre de 2024, lo que permitirá al estado avanzar en la adopción de tecnologías emergentes y servicios públicos basados en evidencia.
La Agencia de Innovación e Inteligencia Digital —creada oficialmente el 6 de agosto de 2024— asumirá estas nuevas funciones con el objetivo de convertir al gobierno estatal en referente nacional en administración tecnológica y firma electrónica avanzada.
Por su parte, la Contraloría Gubernamental conservará sus atribuciones en materia de fiscalización y control del gasto público, a fin de garantizar una supervisión eficaz de los recursos estatales.
Con esta reforma, el Congreso da un paso hacia la consolidación de un gobierno digital con mayor capacidad para diseñar políticas públicas más eficientes, transparentes y participativas.
