Expertos, científicos y comunidades advierten sobre riesgos ambientales, hídricos y la profundización de la dependencia tecnológica del país
Ciudad de México, 5 de mayo de 2026. En un hecho sin precedentes durante el actual sexenio, decenas de organizaciones sociales, investigadores y especialistas congregados en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la UNAM desmantelaron punto por punto el argumento central de la administración de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar la extracción de gas mediante fracturación hidráulica (fracking): la supuesta soberanía energética.
El foro, convocado por redes nacionales de resistencia contra proyectos extractivos, expuso que detrás del discurso oficial se oculta una contradicción estructural: en lugar de fortalecer la autonomía del país, el fracking abriría una nueva frontera fósil que profundizaría la explotación hídrica y territorial para sustentar un modelo de desarrollo ajeno a las necesidades de las comunidades y a los principios de una transición energética justa.
La promesa efímera de las rocas de esquisto
El Dr. Luca Ferrari, geólogo del Instituto de Geociencias de la UNAM y experto en temas energéticos, desvirtuó la viabilidad técnica del proyecto al caracterizar las reservas en rocas de esquisto como «energéticamente ineficientes e históricamente efímeras». Su intervención puso sobre la mesa un dato incómodo para la narrativa oficial: la tecnología no resuelve la crisis estructural de agotamiento de las reservas petroleras convencionales ni enfrenta el patrón de consumo energético heredado de décadas de tratados de libre comercio.
«Lo que urge para la defensa de la soberanía energética es la reconsideración integral de la producción y el consumo de energía del país, articulando múltiples alternativas técnicas y sociales», señaló el investigador, en clara alusión a la insuficiencia de la apuesta gubernamental por los hidrocarburos no convencionales.
La cuenta del agua: 470 mil millones de litros en juego
Uno de los momentos más contundentes del foro llegó de la mano del Mtro. Manuel Llano Vázquez Prada, director de Cartocrítica, quien cuantificó el impacto hídrico del proyecto: extraer apenas el 10% de los recursos prospectivos requeriría la fracturación de más de 14 mil nuevos pozos y el uso de 470 mil millones de litros de agua, equivalentes a poco más de 47 millones de pipas.
La proyección resulta alarmante en un contexto de crisis hídrica. Según el especialista, en las regiones destinadas al fracking, especialmente en el noreste del país, el consumo de la industria podría superar la totalidad del agua disponible en cuencas y acuíferos; mientras que en otras zonas, agravaría condiciones ya críticas de déficit hídrico alto o moderado. La pregunta que resonó en el auditorio fue tajante: «¿Energía para qué, para quién y bajo qué modelo de país?»
Tecnología sin sustentabilidad ni control nacional
La Mtra. Beatriz Adriana Olivera Villa, directora de Energía, Género y Ambiente (Engenera) e integrante de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, descalificó la existencia misma de un fracking sustentable. «Lo que hay son ligeras mejoras técnicas al fracking tradicional, muy iniciales y que no pueden considerarse práctica común ni rentable económicamente para la industria», afirmó.
Su intervención enfatizó que prevalecen técnicas que demandan infraestructuras extractivas de enormes costos, insumos y sustancias nocivas cuya transparencia y discusión pública resultan imperativas, especialmente considerando la grave situación de endeudamiento estructural de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Riesgos tóxicos y normativa insuficiente
La toxicóloga Yolanda Pica Granados recordó la existencia de documentos científicos elaborados entre 2013 y 2015 por un grupo de 30 expertos de una veintena de instituciones y dependencias gubernamentales, coordinados por la entonces Subdirección de Energía de la SEMARNAT. Dichos estudios buscaban establecer las bases jurídicas obligatorias para el control del fracking, pero fueron reducidos a una simple guía no vinculante: la «Guía de criterios ambientales para la exploración y extracción de hidrocarburos contenidos en Lutitas».
Para Pica Granados, esta dilución normativa evidencia «la falta de voluntad política para encaminar al país hacia la construcción de opciones que regulen rigurosamente y mitiguen sin ambigüedades los altos riesgos tóxicos laborales y ambientales».
En la misma línea, la Dra. Beatriz Hernández Méndez, experta en radioprotección de la Asociación Mexicana de Radio Protección (AMRAP), advirtió sobre la presencia de radionúclidos de las series de decaimiento del Uranio-238 y Torio-232 en los residuos del proceso —conocidos como NORM (Materiales Radioactivos de Origen Natural)— que aumentan la exposición peligrosa a radiación interna y externa en humanos. Hernández Méndez destacó que estos materiales no se encuentran normados en México, a pesar de que instituciones de regulación internacional recomiendan su control, y urgió la creación de una línea base radiológica ambiental.
Soberanía vs. autosuficiencia: la confusión deliberada
El Dr. José Romero Tellaeche, profesor e investigador del CIDE, desglosó lo que considera una confusión estratégica promovida desde el poder: «Producir más no es lo mismo que ser menos dependiente». El especialista explicó que la explotación de hidrocarburos no convencionales requiere tecnología, financiamiento y conocimiento que México no controla, por lo que, aun aumentando la producción, «la lógica de operación y los beneficios estratégicos permanecen en el exterior».
«La soberanía energética se alcanza construyendo capacidades productivas, tecnológicas y financieras propias que permitan aprender, innovar y dominar los procesos clave. El fracking profundiza nuestra inserción subordinada en las cadenas globales», sentenció Romero Tellaeche, planteando que lo que está en juego es si México transforma su estructura productiva o reproduce su dependencia.
El origen estadounidense de una tecnología cuestionada
En una intervención de alto voltaje político, el Dr. Andrés Barreda Marín, de la Facultad de Economía de la UNAM, cuestionó la posibilidad de apuntalar la soberanía energética con una tecnología «diseñada de pies a cabeza por la industria petrolera estadounidense, mediante interminables e incondicionales subvenciones de la fábrica de dólares en Wall Street y el Estado norteamericano».
Barreda Marín argumentó que el fracking no fue desarrollado para crear una técnica energéticamente eficiente que compita comercial y ambientalmente con otras opciones, sino como un «artificio que momentáneamente ayude a funcionar a la civilización petrolera norteamericana» mientras el «hegemón» se dedica a desestabilizar geopolíticamente regiones con fósiles convencionales, citando acciones como la voladura de gasoductos rusos, guerras en Ucrania e Irán, el genocidio en Gaza e invasiones como la de Venezuela.
La convergencia de los territorios
Durante la sesión vespertina, organizaciones sociales del sur, centro y norte de México intercambiaron investigaciones sobre los impactos del fracking en sus territorios y reafirmaron su oposición terminante a la técnica, que consideran envenenará sus tierras, aguas y la salud de sus comunidades e infancias.
Entre los colectivos presentes destacaron la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina, la Organización Makxtum Kalaw Chuchutsipi, la Central Campesina Cardenista, la Alianza Mexicana Contra el Fracking, Ecos de Agua Activa AC de Veracruz, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ-SLP), la Gubernatura Indígena Nacional, la Asociación de Productores Ecologistas Tatexco (APETAC), la Coordinadora de Acción Solidaria (CORASON) y Radio Huayacocotla.
Los participantes dialogaron sobre sus experiencias organizativas y de resistencia, el estado actual de sus redes regionales y las perspectivas de una convergencia hacia una «gran movilización nacional» que deje claro al gobierno el rechazo de los pueblos a la imposición de megaproyectos extractivos. En su visión, urge que las propias comunidades impulsen nuevas formas de autogobierno que, más allá de los partidos políticos, garanticen la elaboración y realización de planes de vida propios.
Participantes científicos y especialistas: Dr. Luca Ferrari (Instituto de Geociencias, UNAM), Mtro. Manuel Llano Vázquez Prada (Cartocrítica), Mtra. Yolanda Pica Granados (toxicóloga), Dra. Beatriz Hernández Méndez (AMRAP), Mtra. Beatriz Adriana Olivera Villa (Engenera A.C.), Dr. José Romero Tellaeche (CIDE) y Dr. Andrés Barreda Marín (Facultad de Economía, UNAM).