Tribunal Superior de Justicia de Puebla ratificó condena de Huerta, rechazó apelación
Por Redacción | Ciudad de México, 15 de mayo de 2025
El Poder Judicial del Estado de Puebla ratificó la sentencia de 22 años de prisión en contra del exdiputado federal Benjamín Saúl Huerta Corona, declarado culpable del delito de violación agravada en perjuicio de un menor de edad. El fallo quedó firme tras la negativa a la apelación interpuesta por la defensa del exlegislador de Morena.
El Cuarto Tribunal de Alzada Colegiado de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia poblano resolvió el recurso bajo el toca penal 12/2024, confirmando la condena dictada en febrero de 2024 por el Tribunal de Enjuiciamiento.
La información fue difundida mediante un boletín del despacho jurídico BEARR, el cual representa a la víctima en este caso. En el comunicado, se detalló que la sentencia quedó firme y será ejecutada sin cómputo de la prisión preventiva.
“La apelación que presentó Benjamín Saúl Huerta no tuvo el efecto esperado y el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia que lo mantendrá 22 años privado de la libertad en un centro penitenciario”, afirmó Teófilo Benítez Granados, abogado del afectado.
Además de la pena privativa de libertad, el exlegislador deberá pagar una multa equivalente a 325 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El tribunal ordenó comunicar la resolución al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde Huerta compurgará la pena.
El caso, registrado bajo el expediente 0126/2023/JO/CENTRO, se extendió durante dos años y diez meses. Durante ese tiempo, la asesoría jurídica presentó pruebas periciales, médicas y testimoniales que permitieron sustentar la acusación y demostrar la agresión sexual cometida en un temazcal del estado de Puebla.
“El Tribunal de Enjuiciamiento encontró responsable al exlegislador por los agravios de índole sexual que ocasionó a su víctima”, explicó Benítez Granados.
Según la defensa de las víctimas, Huerta enfrenta otros dos procesos penales por agresiones sexuales similares. Familiares lo acusan de ser un “violador serial”, con al menos cuatro casos documentados contra adolescentes de entre 13 y 16 años.
La ratificación de esta condena representa un precedente legal relevante en México: una figura pública con poder político juzgada y condenada por delitos sexuales contra menores, con una sentencia firme y sin privilegios procesales.
