Rufino Aguilera
Altamira
Colectivos de personas con discapacidad, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil denunciaron presuntos actos de discriminación y deficiencias en la atención brindada en la sucursal Centro del Banco del Bienestar en Altamira, durante una jornada de pago de programas sociales.
A través de un pronunciamiento público, los firmantes señalaron que durante la atención a beneficiarios se registró un altercado entre familiares de personas adultas mayores y usuarios con discapacidad, situación que escaló, presuntamente, hasta amenazas con armas punzocortantes contra personas con discapacidad y sus acompañantes, luego de que estos reclamaran su derecho a recibir atención prioritaria.
Los denunciantes afirmaron que, en medio del incidente, personal de la institución presuntamente se negó a brindar atención presencial a las personas con discapacidad y les indicó que utilizaran un cajero automático o que realizaran el trámite mediante un familiar, actuación que consideraron contraria a los principios de accesibilidad e inclusión.
Asimismo, señalaron que durante los hechos no se contó con la presencia de personal de seguridad o de alguna autoridad que interviniera para proteger a los usuarios, lo que, a su juicio, dejó a las personas involucradas en una situación de vulnerabilidad.
En el documento, los colectivos sostienen que estos hechos podrían constituir una violación al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al no garantizarse ajustes razonables ni el derecho a una atención preferente.
Por ello, solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) iniciar investigaciones de oficio para esclarecer lo ocurrido y, en su caso, determinar posibles responsabilidades.
Además, pidieron al Banco del Bienestar revisar y fortalecer sus protocolos de atención, capacitar a su personal en materia de derechos humanos e inclusión, garantizar mecanismos efectivos de atención prioritaria para personas con discapacidad y reforzar las medidas de seguridad en sus sucursales.
El pronunciamiento fue suscrito por los defensores de derechos humanos Celso Pérez Ruiz y Ana Karen López Quintana, en representación de colectivos de personas con discapacidad y organizaciones civiles de Altamira.
Hasta el cierre de esta edición, el Banco del Bienestar no había emitido una postura oficial sobre las denuncias.
Las denuncias plantean un tema que trasciende un conflicto entre usuarios, al poner en el centro la obligación de las instituciones públicas de garantizar un trato digno, accesible y libre de discriminación para las personas con discapacidad. La legislación mexicana y los tratados internacionales reconocen el derecho a recibir ajustes razonables y atención prioritaria cuando las circunstancias lo requieren.
No obstante, las acusaciones corresponden, por el momento, a la versión presentada por los colectivos firmantes y deberán ser corroboradas mediante las investigaciones que, en su caso, realicen las autoridades competentes. Una eventual respuesta del Banco del Bienestar será fundamental para conocer su versión de los hechos y determinar si existieron fallas en los protocolos de atención o seguridad.
El caso también abre el debate sobre la necesidad de fortalecer la capacitación del personal de instituciones públicas que atienden a sectores en condición de vulnerabilidad, especialmente durante jornadas de alta afluencia en las que coinciden personas adultas mayores y personas con discapacidad.
