Monterrey, Nuevo León. La permanencia de los delitos de injurias, calumnias y difamación en el Código Penal de Nuevo León volvió a colocar al Congreso local en el centro del debate sobre la libertad de expresión, luego de que más de 20 organizaciones civiles y de derechos humanos acusaran a los legisladores de incumplir el compromiso de eliminar estas figuras penales, pese a que desde principios de año habían anunciado avances para concretar la reforma.
Agrupadas en el colectivo Despenalizando la Palabra, las organizaciones exigieron que el Poder Legislativo someta a discusión y votación la iniciativa que busca derogar los llamados delitos contra el honor, al sostener que su permanencia contradice los estándares internacionales de derechos humanos y mantiene vigente un mecanismo que puede utilizarse para intimidar o criminalizar a periodistas, activistas y ciudadanos que ejercen su derecho a expresarse.
El reclamo ocurre cinco meses después de que el propio Congreso informara públicamente que existía consenso entre las distintas fuerzas políticas para avanzar en la reforma, tras reuniones con representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Sin embargo, la modificación al Código Penal continúa sin ser aprobada.
Las organizaciones advirtieron que la omisión legislativa tiene consecuencias reales para la libertad de expresión. Recordaron que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene más de 15 mil 400 carpetas de investigación relacionadas con injurias, calumnias y difamación, delitos que aún contemplan sanciones penales y que, aseguran, incentivan la autocensura entre quienes denuncian actos de corrupción, abusos de autoridad o violaciones a derechos humanos.
Aunque en abril de 2025 el Congreso reformó la legislación civil para que las controversias relacionadas con el honor puedan resolverse mediante esa vía, el colectivo sostiene que mantener vigentes los delitos en el ámbito penal deja abierta la posibilidad de utilizar el sistema de justicia como herramienta de presión contra voces críticas.
La propuesta legislativa impulsada por Despenalizando la Palabra plantea eliminar del Código Penal los delitos de injurias, calumnias y difamación; modificar figuras penales con redacciones ambiguas que podrían afectar el ejercicio periodístico y la protesta social; reconocer el secreto profesional de periodistas y establecer límites claros a la actuación del Ministerio Público en casos relacionados con la libertad de expresión.
Presión política e internacional
El pronunciamiento incrementa la presión sobre el Congreso de Nuevo León al recordar que la despenalización de los delitos contra el honor ha sido recomendada por organismos internacionales y respaldada por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nivel federal, estas figuras fueron eliminadas del Código Penal desde 2007 y la mayoría de las entidades del país ya armonizaron su legislación.
El colectivo, respaldado por organizaciones como Artículo 19, Amnistía Internacional, México Evalúa, Propuesta Cívica y la Red de Periodistas del Noreste, sostiene que Nuevo León permanece como una de las dos últimas entidades del país que conservan estas disposiciones penales, situación que considera incompatible con un sistema democrático que garantice plenamente la libertad de expresión
No hay que olvidar que, la exigencia surge en un momento en que distintas organizaciones nacionales han manifestado preocupación por iniciativas legislativas que podrían ampliar las restricciones al ejercicio periodístico y al derecho a la información. En ese escenario, el caso de Nuevo León adquiere relevancia nacional, ya que el debate dejó de centrarse únicamente en la protección del honor para enfocarse en el cumplimiento de compromisos institucionales y en la necesidad de armonizar la legislación estatal con los estándares internacionales de derechos humanos.
Más que una discusión jurídica, el diferendo evidencia la distancia entre los anuncios políticos realizados por el Congreso y la falta de resultados legislativos, un contraste que hoy mantiene bajo escrutinio a los diputados locales y reaviva el debate sobre los límites entre la protección de la reputación y la garantía efectiva de la libertad de expresión en México.