• 19 de abril de 2024 1:32 pm

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Ciudad de México, 29 de febrero de 2024.-} Las comunidades mayas, con el apoyo de Greenpeace, se han pronunciado enérgicamente contra la imposición de proyectos extractivistas en su territorio, específicamente contra la construcción del tren, que consideran un modelo de dpesarrollo invasivo y perjudicial para su entorno natural y forma de vida.

Destacan que esta iniciativa viola el Convenio 169 de la OIT sobre la consulta previa a los pueblos indígenas, al no realizar una consulta amplia y genuina, lo que ha sido incluso cuestionado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

La resistencia de estas comunidades no solo se fundamenta en la defensa de su territorio, sino también en la promoción de un modelo de desarrollo sostenible que respete su conocimiento ancestral y prácticas agroecológicas, frente al modelo extractivista que amenaza prácticas tradicionales como la producción apícola y de chile jalapeño.

La situación se ha agravado por el uso de la fuerza y la militarización en la región, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la designación de la obra como de Seguridad Nacional. Sin embargo, el gobierno federal ha continuado con la construcción, ignorando tanto las decisiones judiciales como las voces de las comunidades afectadas.

La Península de Yucatán, ahora sitiada por proyectos extractivistas y el creciente turismo masivo e invasivo, enfrenta una devastación sin precedentes. La construcción del Tren Maya ha llevado a la deforestación de más de la mitad de las casi 11 mil hectáreas de selva destinadas al proyecto, con una estimación de 10 millones de árboles talados, muchos sin las autorizaciones legales para cambio de uso de suelo.

Las amenazas a los suelos kársticos y las reservas de agua dulce son palpables, con impactos ya documentados y advertidos por la sociedad civil y la academia desde 2018.

La ruta del tren afecta directamente a 177 territorios indígenas, donde las consultas realizadas han sido criticadas por su falta de autenticidad y consentimiento, incumpliendo obligaciones nacionales e internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

El proyecto ha sido marcado por una creciente militarización y denuncias de hostigamiento hacia las comunidades locales, a pesar de la inconstitucionalidad declarada por la Suprema Corte de Justicia en mayo de 2023 respecto a la categorización de seguridad nacional del proyecto.

Desde las comunidades mayas y Greenpeace se exige al gobierno que cumpla con la suspensión judicial del tramo 5 Sur del proyecto, se transparenten los impactos ambientales y se adopte una política de desarrollo que verdaderamente considere las perspectivas y necesidades de las comunidades locales.

Las voces de las comunidades mayas y las organizaciones que las apoyan claman por un respeto a la vida, la naturaleza y los derechos humanos, instando a un replanteamiento profundo de lo que significa el desarrollo y progreso en armonía con el planeta.