• 20 de septiembre de 2024 9:19 pm

En un comunicado emitido el 13 de junio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su profunda preocupación por las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos en relación con la política migratoria en la frontera sur.

La CIDH señaló que la implementación de la Proclama Presidencial sobre «Seguridad Fronteriza» podría significar una restricción significativa en el acceso al derecho de asilo para aquellos migrantes que cruzan la frontera de manera irregular. Esta medida, anunciada el 4 de junio, busca limitar la elegibilidad de asilo, exceptuando ciertos casos, argumentando la necesidad de fortalecer la seguridad fronteriza ante flujos migratorios que el gobierno considera «abrumadores».

Según la CIDH, estas acciones podrían poner en riesgo la protección internacional de migrantes que enfrentan situaciones de persecución, violencia o crisis en sus países de origen. La Comisión subrayó que cualquier política migratoria debe cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo el derecho a buscar y recibir asilo, así como la prohibición de la expulsión colectiva y el principio de no devolución.

Además, la CIDH expresó preocupación por el impacto potencial en los niños, niñas y adolescentes migrantes, advirtiendo que medidas que excluyan a este grupo de la restricción podrían resultar en un aumento de la migración no acompañada y la separación familiar, situaciones que podrían exponer a estos menores a riesgos adicionales y vulnerabilidades.

La Comisión reiteró la necesidad de una gestión migratoria humana que evite tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que aborde las causas profundas de la migración masiva, promoviendo en su lugar vías legales y seguras para aquellos que buscan seguridad y oportunidades en Estados Unidos.

La CIDH, como organismo principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de promover y defender los derechos humanos en la región, hizo un llamado urgente a las autoridades estadounidenses para que reconsideren estas políticas y aseguren que cualquier medida adoptada respete los estándares internacionales de derechos humanos.