Washington, D.C., 18 de junio de 2024 — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por los obstáculos que enfrentan los venezolanos que residen en el extranjero para inscribirse en el registro electoral debido a su estatus migratorio. La CIDH denuncia que estas trabas violan los derechos políticos de millones de venezolanos y comprometen la integridad de las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio.
La Constitución de Venezuela establece que todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho a votar, salvo que estén inhabilitados. Sin embargo, los consulados venezolanos, siguiendo directrices del Consejo Nacional Electoral (CNE), están exigiendo una visa de residente como única prueba válida para la inscripción en el registro electoral. Esta exigencia ignora que muchos venezolanos en el extranjero no poseen una visa de residente, ya sea porque no han regularizado su estatus migratorio o porque tienen otros tipos de documentación, como el Permiso por Protección Temporal en Colombia o la Visa de Residencia Temporal de Excepción para Ciudadanos Venezolanos en Ecuador.
Desde 2015, debido a la crisis de derechos humanos en Venezuela, aproximadamente 7,7 millones de personas han salido del país. Se estima que alrededor de 5,5 millones de venezolanos en el extranjero tienen derecho a votar, pero podrían verse privados de ejercer este derecho debido a los requisitos actuales del CNE.
La CIDH recuerda que la participación ciudadana es un derecho fundamental reconocido en la Convención Americana, la Declaración Americana y la Carta Democrática Interamericana. Exigir una visa de residente para votar es, según la CIDH, una medida arbitraria que afecta la integridad del proceso electoral y equivale a criminalizar la migración.
La Comisión hace un llamado urgente al Estado venezolano para que adopte las medidas necesarias que permitan a todos los venezolanos en el exterior inscribirse en el registro electoral y votar en igualdad de condiciones. La CIDH también insiste en la necesidad de restablecer la independencia y la separación de poderes en Venezuela como requisito esencial para una democracia genuina.
La CIDH, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene el mandato de promover y defender los derechos humanos en la región. Está compuesta por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA, quienes actúan a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.
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