Rufino Aguilera
Tampico
Al menos un centenar de pacientes del Hospital Regional # 6, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrenta la interrupción de su tratamiento antirretroviral debido a la falta del medicamento Biktarvy, una situación que organizaciones civiles califican como una omisión grave que compromete el derecho a la salud y pone en riesgo la vida de personas que viven con VIH.
La denuncia fue realizada por Ana Karen López Quintana, representante de Tamaulipas Diversidad VIHda Trans, quien señaló que la falta del medicamento obligó a la organización a enviar un oficio a las oficinas centrales del IMSS en la Ciudad de México para exigir una solución inmediata al problema.
De acuerdo con la activista, tras la intervención de las oficinas centrales se instruyó el abastecimiento del medicamento para los pacientes afectados, lo que evidenciaría que existía capacidad para atender la demanda, pero que el suministro no se estaba realizando de manera oportuna en la unidad médica regional.
Uno de los casos más representativos, explicó, fue el de un derechohabiente que tuvo que promover un juicio de amparo para obtener el tratamiento de forma inmediata, un recurso legal que, desde la perspectiva de la organización, refleja una falla institucional en la garantía de un derecho fundamental.
La interrupción de la terapia antirretroviral no sólo representa un retroceso en el control del VIH, sino que incrementa el riesgo de que los pacientes desarrollen resistencia a los medicamentos, reduciendo las opciones terapéuticas futuras y elevando la posibilidad de complicaciones clínicas.
Especialistas han advertido que la continuidad del tratamiento es uno de los pilares para mantener controlada la infección, evitar la progresión de la enfermedad y disminuir la transmisión del virus. Cualquier interrupción por causas administrativas o de abastecimiento puede tener consecuencias irreversibles para los pacientes.
López Quintana exigió que el IMSS garantice el suministro permanente de los antirretrovirales y establezca mecanismos que impidan nuevos episodios de desabasto, al considerar que el acceso a estos medicamentos no puede depender de presiones externas ni de litigios promovidos por los propios derechohabientes.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad del sistema público de salud para garantizar la continuidad de tratamientos de alta especialidad. Cuando un paciente debe recurrir a un juicio de amparo para recibir un medicamento indispensable, el problema trasciende el ámbito administrativo y se convierte en un indicador de posibles fallas en la gestión, distribución o supervisión del abasto.
Más allá de resolver el suministro inmediato, el reto para el IMSS será transparentar las causas del desabasto, determinar responsabilidades y evitar que personas con enfermedades crónicas enfrenten nuevamente la disyuntiva entre esperar un medicamento indispensable o acudir a los tribunales para hacer valer un derecho constitucional.
