-La reforma no solo democratiza y transparenta los procesos de selección de jueces y magistrados, sino que también reconoce el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a participar en igualdad de condiciones
CDMX, 10 de octubre de 2024.-En una sesión clave en el Senado de México, celebrada hoy, se presentaron reservas a los artículos 53, 61, 79, 80 y 112 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de fortalecer la representación de los pueblos indígenas y afromexicanos en el sistema de justicia del país. La propuesta, presentada a nombre de la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, por la Senadora Edith López, busca garantizar una mayor inclusión y transparencia en los procesos de selección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.
La iniciativa destaca la importancia de asegurar el acceso equitativo de los pueblos indígenas y afromexicanos a la justicia, permitiendo que participen en igualdad de condiciones en los procesos de selección para cargos judiciales. Según los datos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, 23.2 millones de personas se autoidentifican como indígenas, representando el 21.5% de la población total, mientras que 2.5 millones se consideran afromexicanos.
La reforma propone que los procesos de selección para el Poder Judicial sean públicos, abiertos y accesibles, permitiendo una mayor participación de estos grupos históricamente marginados. Además, se hizo un llamado a los abogados y abogadas pertenecientes a pueblos indígenas y afromexicanos a mantenerse atentos a las convocatorias y postularse para fortalecer el sistema judicial.
Durante la intervención, se recordaron eventos históricos que han evidenciado la vulnerabilidad de estos pueblos, como la masacre de Acteal en 1997 y la masacre de San Fernando en 2010. Estos ejemplos resaltan la necesidad urgente de reformas que aseguren una justicia inclusiva y representativa.
Con esta reforma, se busca avanzar hacia un sistema democrático más fuerte, donde los pueblos indígenas y afromexicanos sean agentes activos en la administración de justicia en México.
