Rufino Aguilera
Tampico
Una mascota retirada de la vía pública, un supuesto cobro de 2 mil 500 pesos y una dependencia municipal que, según el propietario, después se deslindó de la petición de dinero. El caso de “Pirata”, un perro retirado de la zona centro de Tampico, ahora plantea una pregunta que tendrá que responder la autoridad: ¿quién pidió el dinero y con qué fundamento?
Ernesto Mar Rivera, propietario del animal, denunció que un trabajador del área de Protección Animal del Ayuntamiento de Tampico presuntamente le solicitó 2 mil 500 pesos para poder recuperar a su perro, luego de que éste fuera retirado de la vía pública en la calle peatonal Salvador Díaz Mirón.
De acuerdo con su versión, el perro fue asegurado debido a las condiciones en las que se encontraba. Posteriormente, Rivera acudió a las instalaciones correspondientes para recuperarlo y fue entonces cuando, según su relato, un empleado municipal le habría informado que debía pagar 2 mil 500 pesos, bajo el argumento de que se trataba de una multa.
El problema vino después.
El propietario aseguró que la propia dependencia se deslindó del supuesto cobro y negó que se le hubiera solicitado esa cantidad como sanción.
Y aquí es donde el asunto deja de ser únicamente una disputa entre un dueño y un funcionario: si efectivamente alguien pidió dinero a nombre de una dependencia pública, la autoridad tendría que aclarar si se trató de una multa prevista en la normativa, un procedimiento administrativo formal o una solicitud realizada al margen de las reglas.
Rivera adelantó que buscará reunirse con la funcionaria identificada como Yajaira, del área de Protección Animal, para solicitar que se revisen las cámaras de videovigilancia de las oficinas donde presuntamente ocurrieron los hechos.
Su intención, dijo, es esclarecer quién realizó la solicitud y, si existen elementos suficientes, presentar una denuncia contra el trabajador señalado.
El propietario también dejó claro que su inconformidad no está dirigida contra toda la dependencia, sino específicamente contra el empleado que, según su versión, habría realizado el procedimiento y solicitado el dinero.
Otro de sus reclamos tiene que ver con las condiciones en las que permaneció “Pirata” durante varios días en las instalaciones del hospital veterinario ubicado en el sector de la Borreguera.
Rivera manifestó preocupación porque, aseguró, el perro no está acostumbrado a permanecer en ese tipo de espacios y cuestionó las condiciones de resguardo durante el tiempo que estuvo bajo custodia.
Más allá de quién tenga la razón, el caso deja varias preguntas sobre la mesa y todas deberían tener respuesta oficial:
¿Existe una multa de 2 mil 500 pesos aplicable a este tipo de casos? ¿Está contemplada en el reglamento correspondiente? ¿Quién tiene facultades para imponerla? ¿Se entregó algún documento o recibo? ¿Por qué la dependencia se deslindó del supuesto cobro? ¿Qué muestran las cámaras de seguridad?
Son preguntas básicas cuando está de por medio dinero solicitado presuntamente por un servidor público.
Por ahora, los señalamientos corresponden exclusivamente a la versión del propietario y no existe, con la información disponible, una resolución que confirme que el trabajador haya incurrido en alguna irregularidad.
La autoridad municipal tendrá que revisar las evidencias, establecer qué ocurrió y, en caso de encontrar alguna conducta indebida, deslindar responsabilidades.
Porque si eran 2 mil 500 pesos de una multa, debe existir fundamento, procedimiento y comprobante. Y si no lo eran, la pregunta es todavía más seria: ¿a dónde iban a parar esos 2 mil 500 pesos?
