Ciudad de México, enero de 2026.—
Organizaciones, redes y plataformas de derechos humanos en México condenaron enérgicamente la intervención militar y los ataques perpetrados por el gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, al considerar que constituyen una grave violación al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.
Las operaciones militares registradas durante la madrugada del 3 de enero fueron calificadas como una agresión unilateral que pone en riesgo directo a la población civil, profundiza la inestabilidad regional y establece un precedente alarmante para América Latina. Las organizaciones subrayaron que el uso de la fuerza no puede ser un mecanismo legítimo para resolver disputas políticas, económicas o diplomáticas, ni para apropiarse de los recursos de otro país.
Desde México, las organizaciones advirtieron que esta escalada militar compromete la vida, la integridad y los derechos humanos de la población venezolana y de la región en su conjunto. Exigieron el cese inmediato de toda acción armada y el respeto irrestricto al derecho internacional.
Asimismo, reiteraron su preocupaión por las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano, documentadas por mecanismos de las Naciones Unidas, las cuales —enfatizaron— deben ser atendidas por vías pacíficas, con rendición de cuentas y garantías de verdad, justicia y reparación.
Entre las principales demandas se encuentran:
La convocatoria urgente a una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU.
Una verificación internacional e independiente de los hechos.
La activación de mecanismos diplomáticos de diálogo y mediación.
La protección efectiva de la población civil y el respeto a la soberanía y la no intervención.
Las organizaciones también llamaron a garantizar el derecho a la información y el ejercicio periodístico, para asegurar el acceso a información veraz, plural y sin censura.
Concluyeron que la guerra no es una salida y que la defensa de la vida, la paz regional, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario deben prevalecer sobre cualquier interés geopolítico.