Xalapa, Ver., octubre 2025. – La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció que a partir de este mes de octubre toda motocicleta que circule sin placas será detenida. La medida, presentada como una estrategia de “ordenamiento y seguridad”, ha generado un fuerte malestar social, ya que para muchos conductores representa más un mecanismo de recaudación que una verdadera política de prevención del delito.
Desde julio el gobierno estatal llamó a regularizar las unidades, fijando un costo inicial de 960 pesos que en septiembre subió a 980 pesos. El plazo para emplacar se mantiene hasta el 31 de diciembre, pero la mandataria advirtió que no habrá tolerancia ni excepciones: quien circule sin placas, será detenido.
“A partir de octubre ya no podrán circular motocicletas con permisos. Se tienen que emplacar porque es por orden”, insistió Nahle.
Críticas y denuncias
- Golpe al bolsillo popular: Veracruz es uno de los estados con mayor número de motociclistas de bajos ingresos. Para familias que usan la moto como transporte esencial o herramienta de trabajo, el pago obligatorio significa un castigo económico.
- Pretexto de seguridad: especialistas cuestionan que el gobierno hable de “seguridad”, cuando en realidad el énfasis está en recaudar millones bajo la etiqueta del control vehicular.
- Riesgo de extorsión: colectivos de motociclistas alertan que la política de “cero tolerancia” abre la puerta a abusos policiales en retenes y a detenciones discrecionales.
- Ausencia de apoyo social: mientras se exige el pago, no existen subsidios, descuentos ni programas de apoyo para sectores vulnerables.
Una política que divide
Aunque Veracruz será el primer estado en colocar calcomanía y holograma en motocicletas, lo que se presume como innovación, ciudadanos y organizaciones cuestionan si la medida tendrá un verdadero impacto en la seguridad o si se trata de una estrategia de control fiscal disfrazada de ordenamiento vial.
La decisión gubernamental deja claro que, para el Ejecutivo estatal, la sanción va primero y el apoyo social después. El resultado: miles de motociclistas entre la espada y la pared, obligados a pagar o a enfrentar la amenaza constante de ser detenidos.