Tampico, Tamaulipas. Las manos de jóvenes del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) del DIF municipal interpretaron el Himno Nacional en Lengua de Señas Mexicana (LSM) durante la conmemoración del 205 Aniversario del Día de la Bandera. Fue un momento emotivo, televisado y aplaudido. Pero para la comunidad sorda de Tamaulipas, la pregunta persiste: ¿dónde queda esa visibilidad cuando terminan las cámaras?
El acto cívico encabezado por autoridades municipales proyectó el mensaje oficial: el patriotismo no tiene barreras. Sin embargo, críticos y activistas advierten que en Tampico —como en gran parte de México— la inclusión de las personas con discapacidad auditiva oscila entre el reconocimiento ceremonial y la deuda estructural.
Los números que incomodos
Según el INEGI, 6.1 millones de mexicanos viven con alguna discapacidad (5.1% de la población). De ellos, miles enfrentan barreras sistemáticas: solo 4 de cada 10 personas con discapacidad auditiva acceden a educación superior, y la tasa de desempleo en este grupo supera el promedio nacional, según diagnósticos del CONADIS.
El problema no es la falta de normativa. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad obliga al Estado a garantizar accesibilidad en servicios e información. La Constitución prohíbe explícitamente la discriminación. El vacío está en la implementación presupuestal y operativa.
Lo que anunciaron vs. lo que falta
Durante la ceremonia, el DIF Tampico informó avances: personal del Ayuntamiento cursa nivel intermedio de LSM, y en coordinación con el ITEA, integrantes de la comunidad sorda recibieron certificaciones de primaria y secundaria. También destacaron la participación de este grupo en el Carnaval Conurbado 2026 y el Primer Informe de Gobierno.
Pero el comunicado oficial omitió cifras clave:
¿Cuántos funcionarios están certificados en LSM? ¿Cuántas personas sordas fueron beneficiadas con educación formal?¿Existe presupuesto etiquetado específicamente para accesibilidad? ¿Hay intérpretes certificados disponibles en oficinas municipales de forma permanente? ¿Los trámites ciudadanos cuentan con protocolos de atención inclusiva?
«La diferencia entre política pública y narrativa institucional está en los datos», señalan especialistas en derechos humanos.
Accesibilidad: ¿evento o derecho?
El enfoque de derechos humanos establece que la inclusión debe ser transversal, permanente y medible. Cuando la LSM aparece solo en actos solemnes —himnos, informes de gobierno, desfiles— pero no en la ventanilla del registro civil o en la sala de urgencias del hospital, se convierte en performatividad política, no en garantía de derechos.
Organizaciones civiles en Tamaulipas han documentado barreras cotidianas: trámites municipales sin intérprete, servicios de salud inaccesibles, oportunidades laborales limitadas y ausencia de LSM en información pública de emergencia.
La capacitación anunciada por el DIF podría marcar una diferencia real, advierten expertos, solo si se institucionaliza y se extiende a todas las áreas estratégicas del municipio, con indicadores claros y rendición de cuentas.
La medida real del compromiso
La imagen de las manos interpretando el himno en el Zócalo de Tampico es poderosa. Pero la inclusión que transforma no es la que se aplaude en ceremonias, sino la que se normaliza en lo cotidiano: cuando una persona sorda puede gestionar su acta de nacimiento sin intermediarios, cuando puede denunciar un delito en la fiscalía con intérprete garantizado, cuando puede acceder a un empleo formal sin que su discapacidad sea factor de exclusión.
El desafío para Tampico —y para Tamaulipas— es convertir el símbolo en estructura. Porque mientras la inclusión dependa de la solemnidad de las fechas cívicas, seguirá siendo un gesto generoso, pero no un derecho cumplido.
