Lidia Rita Bonilla Delgado
La entrega de dos nuevas concesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) al Gobierno de Tamaulipas marca un momento significativo para la política comunicacional del estado. No se trata solo de un acto administrativo. Es, ante todo, una declaración de principios: en tiempos donde la desinformación erosiona la confianza pública, apostar por medios públicos sólidos es una decisión política de alto calibre.
El gobernador Américo Villarreal Anaya no solo recibe frecuencias de radio y televisión; asume, con ellas, una responsabilidad histórica. En sus palabras resuena el eco de un legado familiar y una visión de futuro: construir plataformas ciudadanas, dar voz a lo local, y usar la tecnología para conectar a las instituciones con la población.
Pero más allá del discurso, las concesiones implican un marco legal que obliga al Estado a garantizar pluralidad, veracidad y acceso equitativo a la información. No es un cheque en blanco. El uso de medios públicos debe ceñirse a principios constitucionales, ajeno a intereses partidistas o electorales.
En este sentido, el acompañamiento del IFT y del Sistema Público de Radiodifusión fortalece la legitimidad del proyecto, que bien puede convertirse en referente nacional si se gestiona con transparencia y sentido de servicio.
La sociedad tamaulipeca merece medios públicos que informen, eduquen y unan. Hoy se ha dado un paso en esa dirección. El reto será sostenerlo más allá de los ciclos políticos y convertirlo en política de Estado.
