Ciudad de México, 24 de febrero de 2026. El Congreso del estado de Tamaulipas fue presentado este lunes como el referente nacional en materia de armonización legislativa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), durante la inauguración del taller «Legislar con Enfoque de Agenda 20-30» en la Cámara de Diputados.
El evento, celebrado en el Auditorio Heberto Castillo, reunió a la vicecoordinadora de Organización Política del grupo parlamentario de Morena, Dolores Padierna Luna; la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Silvia Morimoto, y el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso tamaulipeco.
Prieto Herrera defendió que la incorporación de la Agenda 2030 al trabajo parlamentario no respondió a un mero gesto protocolario, sino que marcó «un punto de inflexión» para profesionalizar la función legislativa. «Cada iniciativa debe vincularse con metas medibles», subrayó el legislador.
Hace poco más de un año, el Congreso local firmó un convenio con el PNUD para integrar plenamente los ODS en su metodología, estableciendo indicadores y planeación basada en evidencia. Desde entonces, Tamaulipas ha avanzado en la asociación técnica de iniciativas a los objetivos globales, la planeación legislativa anticipatoria y la colaboración interinstitucional con academia, sociedad civil y organismos internacionales.
Este modelo, según Prieto Herrera, ha incrementado la productividad legislativa «con sentido», al privilegiar soluciones verificables sobre la mera acumulación de dictámenes. El Ejecutivo estatal, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, también alineó su Plan Estatal de Desarrollo a la Agenda 2030 tras firmar convenio con el PNUD al inicio de su administración.
Frente a los desafíos contemporáneos —desigualdad, cambio climático, violencia y pobreza—, el legislador tamaulipeco advirtió que se requieren herramientas técnicas y visión de largo plazo, no respuestas aisladas. El taller busca precisamente fortalecer capacidades legislativas bajo estándares internacionales y promover una cultura parlamentaria fundamentada en evidencia.
«La apuesta es clara: que el desarrollo sea sostenible, incluyente y justo, y que ningún ciudadano quede fuera de la acción pública», concluyó.
