La iniciativa de la diputada Castro Armenta busca incluir explícitamente el incumplimiento de pensiones como violencia económica en la legislación estatal, visibilizando una problemática que afecta a miles de familia.
Ciudad Victoria, Tamaulipas (13 de marzo de 2026). En un paso significativo hacia la protección integral de los derechos de las mujeres y la infancia, la diputada Castro Armenta presentó una iniciativa para reformar la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de Tamaulipas, buscando incluir de manera explícita la omisión total o parcial en el pago de pensión alimenticia como forma de violencia económica.
La propuesta legislativa responde a una realidad alarmante: según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo entre enero y agosto de 2021 se registraron 15,495 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en México [^0^]. Sin embargo, especialistas señalan que la cifra real es mucho mayor, ya que muchas madres jefas de familia evitan enfrentar procesos legales complejos y costosos.
«La violencia económica limita la autonomía de las mujeres y afecta directamente su capacidad de subsistencia», destacó la legisladora. La omisión de pensiones no solo representa un problema financiero, sino que constituye una herramienta de control que perpetúa desigualdades estructurales, obligando a muchas mujeres a mantenerse en situaciones de dependencia o enfrentar la precariedad económica.
Esta iniciativa se alinea con estándares internacionales. En España, el artículo 227.1 del Código Penal ya sanciona el impago de pensiones con penas de prisión de tres meses a un año [^1^]. Chile, por su parte, ha propuesto tipificar el incumplimiento reiterado como maltrato habitual. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará establecen obligaciones estatales para prevenir esta forma de violencia [^2^].
La propuesta fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos Primera y de Igualdad de Género y de la Diversidad para su análisis y dictamen. Si se aprueba, Tamaulipas se uniría a los estados que avanzan hacia un marco normativo más sólido en materia de igualdad de género y derechos humanos.