Por Lidia Bonilla | RealidadesMx
En Sonora, la tragedia ya no es una excepción, sino una rutina. El sábado 5 de julio fueron hallados en Hermosillo los cuerpos de tres niñas, hermanas, abrazadas bajo un árbol, ejecutadas con arma de fuego. Un día antes, su madre también fue localizada sin vida. La brutalidad del crimen conmociona, pero no sorprende: vivimos en un país donde la barbarie contra las mujeres y niñas se ha normalizado.
Este crimen no ocurrió en un rincón olvidado. Fue en Hermosillo, un municipio con Alerta de Violencia de Género activa desde hace años, en un estado donde el discurso oficial repite que la seguridad y la igualdad son prioridad. Pero la realidad es otra: una madre y sus hijas fueron asesinadas sin que ninguna institución previera, protegiera o interviniera. Y lo más indignante: sin consecuencias.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio lo dice sin rodeos: no sólo es responsable quien dispara, sino también quien no actúa, quien calla, quien administra la negligencia como política pública. Gobernador, presidente municipal: no intenten engañarnos. Sus eventos, sus promesas, sus fotos no nos salvan. La violencia feminicida avanza con más fuerza que sus discursos.
Entre enero y mayo de 2025, Sonora ha registrado 40 asesinatos de mujeres. Solo cuatro de ellos se investigan como feminicidios. Los demás —36 casos— han sido clasificados como homicidios dolosos, sin perspectiva de género, sin acceso a justicia. El mensaje institucional es claro: aquí, asesinar mujeres no tiene castigo.
Y mientras las familias entierran a sus hijas, el Estado mexicano comparece ante el Comité de la CEDAW sin poder explicar cómo protegerá a las mujeres. Porque no lo sabe. Porque no tiene una estrategia real. Porque ha elegido mirar hacia otro lado.
¿De qué sirve una Alerta de Género si nadie la toma en serio? ¿Cuántas más tienen que morir para que se active un verdadero protocolo de protección? Las desapariciones aumentan, las ejecuciones se vuelven más crueles, y la impunidad parece garantizada. Esto ya no es solo una crisis: es una renuncia deliberada del Estado a proteger la vida de las mujeres.
Ya no queremos más comunicados de condolencias. Queremos que las autoridades rindan cuentas públicamente, que expliquen qué han hecho y qué no. Que reconozcan que su falta de acción también mata. Que dejen de culpar a otros y asuman la parte que les toca.
Justicia, sí. Pero también garantías de no repetición. Las niñas asesinadas lo merecen. Su madre lo merece. Las cuatro mujeres embarazadas recientemente asesinadas en Sonora lo merecen. Lo merecemos todas.
Basta de impunidad. Basta de simulación.
