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El pasado 15 de marzo, en el marco de las acciones de protesta por el hallazgo de un rancho en Teuchitlán, Jalisco, vinculado a desapariciones, familias de personas desaparecidas colocaron un contundente mensaje frente a Palacio Nacional: «PRESIDENTA: ¿AHORA SÍ NOS VE?». Esta acción expuso la frustración ante la falta de atención del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien, tras más de cinco meses en el cargo, no había abordado el tema de forma explícita.

Ante la creciente presión social, la presidenta presentó un plan con seis acciones para enfrentar la crisis de desapariciones. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares criticaron las propuestas por ser repetitivas, carentes de diagnóstico sólido y alejadas de las demandas directas de las víctimas.

Las propuestas presidenciales: promesas sin sustento

Entre las iniciativas anunciadas destacan:

Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con más capacidad tecnológica. Sin embargo, la CNB ya cuenta con amplias facultades que no ha logrado ejercer plenamente.

Creación de la Plataforma Nacional de Identificación Humana, pese a que la ley vigente ya contempla el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) con el mismo propósito.

Homologación del delito de desaparición con el secuestro, lo que expertos advierten como un retroceso legal, ya que diluiría la tipificación específica que las familias exigieron por años.

Publicación mensual de cifras de desapariciones, una medida vista como insuficiente, pues el problema principal es la impunidad y la falta de avances en las investigaciones.

Críticas desde la sociedad civil

Organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) señalaron que la propuesta repite medidas ya existentes y muestra desconocimiento del marco legal vigente. En su informe Las desapariciones en México siguen sin ser una prioridad, el IMDHD documenta que, a pesar de la creación de 76 leyes estatales y 124 instituciones relacionadas, los resultados siguen siendo insatisfactorios.

Las familias, agrupadas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, exigieron un diálogo directo con la presidenta, demanda que sigue sin ser atendida.

Conclusión: palabras sin acción

Aunque el discurso presidencial reconoce la desaparición como «una prioridad nacional», expertos y víctimas insisten en que las medidas anunciadas carecen de enfoque estratégico. Sin un diálogo real con las familias ni un diagnóstico claro, el plan corre el riesgo de ser solo un gesto político vacío.

🔎 Fuentes:

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

Ley General en materia de Desaparición Forzada (2017)

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