Sentencia por asesinato de buscador en Guanajuato marca avance contra la impunidad, pero justicia sigue en riesgo

Guanajuato, México. — A casi cinco años del crimen, la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato dictó sentencia condenatoria por el homicidio del buscador Francisco Javier Barajas Piña, asesinado en mayo de 2021 en el municipio de Salvatierra.
La resolución, emitida el pasado 27 de febrero de 2026 bajo la ponencia del magistrado Luis Alberto Valdez López, representa uno de los pocos casos en México donde el asesinato de una persona buscadora logra avanzar hacia la justicia.
Barajas Piña fue asesinado mientras realizaba labores de búsqueda de su hermana, Guadalupe Barajas, desaparecida en 2019 y posteriormente localizada en una fosa clandestina. Su caso se convirtió en símbolo del riesgo extremo que enfrentan quienes buscan a sus familiares en un país atravesado por la crisis de desapariciones.
Organizaciones como el Centro Prodh calificaron la sentencia como un avance significativo en la lucha contra la impunidad, particularmente en Guanajuato, entidad que concentra un alto número de agresiones contra personas buscadoras.
Sin embargo, el proceso aún no concluye. La defensa de uno de los sentenciados promovió un recurso legal que podría modificar el alcance de la resolución, lo que mantiene en incertidumbre a la familia y a los colectivos que han acompañado el caso.
El fallo llega tras años de exigencia de justicia por parte de los padres de la víctima, Javier Barajas y María Tránsito Piña, quienes incluso se vieron obligados a desplazarse fuera del estado debido a las amenazas derivadas de su lucha.
El caso de Barajas Piña pone en evidencia no solo la violencia que enfrentan las familias buscadoras, sino también las fallas estructurales en la protección de quienes encabezan la búsqueda de personas desaparecidas en México.
De acuerdo con registros de organizaciones civiles, al menos 34 personas buscadoras han sido asesinadas en el país desde 2010. En este contexto, la sentencia podría sentar un precedente clave, siempre y cuando se mantenga firme.
Porque en México, advierten colectivos, buscar a un desaparecido sigue siendo una actividad de alto riesgo, donde la justicia, incluso cuando llega, aún no está garantizada.