Durante un foro legislativo en el Senado, legisladoras y organizaciones civiles se comprometieron a impulsar leyes y políticas públicas para frenar el creciente reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado.
Ciudad de México, 7 de abril de 2025.– Ante el alarmante incremento del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado en México, senadores, diputadas y representantes de organizaciones civiles anunciaron una agenda conjunta para legislar y ejecutar políticas públicas que enfrenten esta crisis humanitaria.
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, Laura Esquivel, advirtió que los grupos criminales ya están utilizando redes sociales para atraer menores, como ocurrió en un caso reciente en Jalisco. “México está hundido en la violencia. No podemos quedarnos inmóviles”, declaró.
De acuerdo con cifras de Unicef y Sipinna, al menos 10 mil menores han sido reclutados por el crimen en los últimos años. Además, 6 de cada 10 niños han sufrido violencia en sus hogares, y la mitad de las adolescentes han vivido violencia emocional, física o sexual.
Datos que duelen
El diagnóstico compartido por expertos y legisladores es grave:
Según UNICEF, 6 de cada 10 menores en México han experimentado violencia en sus hogares.
1 de cada 2 adolescentes mujeres ha sido víctima de violencia física, emocional o sexual.
Datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) indican que más de 10 mil menores han sido reclutados por el crimen organizado en los últimos años.
En el foro participaron también voces clave del activismo y organizaciones dedicadas a la protección de la infancia como Paulina Amozurrutia, Unión Mujer; Valeria Ruiz, Early Institute; Saskia Niño de Rivera, Reinserta; Rocío Alfaro, Guardianes; Daniela Calvillo, Te Protejo México; Eduardo Cruz, Fundación PAS; Emilio Maus, Fundación Freedom.
Estas organizaciones coincidieron en la necesidad de diseñar un modelo integral de prevención, atención y justicia para los menores víctimas de violencia criminal.
A pesar de las declaraciones, aún no se detallaron propuestas legislativas específicas ni fechas de implementación.
¿Qué sigue?
Organizaciones y legisladores se comprometieron a mantener el tema en la agenda pública. Mientras tanto, la sociedad civil exige resultados concretos.
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