Por RealidadesMx
La firma simbólica del “Pacto Clic Protegido” en el Senado de la República evidenció un intento inusual de articulación entre gobierno, legisladores, academia, organizaciones civiles y empresas tecnológicas para enfrentar la creciente violencia digital contra niñas, niños y adolescentes en México.
El acto reunió a representantes del Poder Legislativo, autoridades federales, universidades, colectivos especializados en derechos digitales y compañías privadas en una estrategia que busca construir una agenda conjunta de protección infantil en entornos digitales.
La iniciativa es impulsada por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y plantea una ruta de trabajo enfocada en seguridad digital, alfabetización tecnológica y participación activa de adolescentes en la construcción de políticas públicas.
Un pacto multisectorial frente a una crisis digital
Durante la ceremonia participaron legisladores como:
Luis Donaldo Colosio Riojas;
Alejandra Barrales Magdaleno;
Laura Esquivel Torres;
y Reyna Celeste Ascencio Ortega.
También acudieron representantes institucionales vinculados con protección de derechos de la infancia, transformación digital y telecomunicaciones, además de integrantes de organizaciones civiles y universidades como la Universidad Iberoamericana y Universidad La Salle.
El evento dejó ver un reconocimiento político poco habitual: la violencia digital contra menores de edad ya no puede atenderse únicamente desde el ámbito familiar o educativo.
Empresas tecnológicas entran a la discusión
Uno de los elementos más relevantes fue la incorporación de empresas privadas al pacto, entre ellas Telefónica Movistar México.
Además, se anunció la participación de representantes de Roblox, una de las plataformas digitales más utilizadas por menores de edad a nivel internacional y que ha enfrentado cuestionamientos globales relacionados con seguridad infantil, moderación de contenido y protección de usuarios adolescentes.
La inclusión de empresas refleja un cambio de narrativa en la discusión pública: las plataformas tecnológicas comienzan a ser señaladas no solo como intermediarias, sino como actores corresponsables de la seguridad digital.
Niñas y adolescentes, al centro del pacto
Uno de los aspectos más visibles de la ceremonia fue la participación directa de adolescentes y jóvenes integrantes del colectivo “Juntas y Juntos por Nuestros Derechos”.
Karen de Aquino Morales, Diego Ramírez y Michelle Wong fueron presentados no únicamente como invitados, sino como parte activa de la construcción del proyecto.
La decisión busca romper con prácticas tradicionales donde las políticas sobre infancia son diseñadas exclusivamente desde perspectivas adultas.
Más que una firma simbólica
Durante la presentación se aclaró que la ceremonia representaba apenas el inicio formal del proceso y no el cierre de la iniciativa.
Tras la firma, se anunció la realización de mesas de diálogo y foros para:
explicar el funcionamiento del pacto;
incorporar nuevas instituciones;
definir compromisos concretos;
y construir rutas de incidencia legislativa para 2026 y 2027.
El mensaje fue claro: el objetivo no es únicamente acumular adhesiones simbólicas, sino generar una red nacional de colaboración frente al crecimiento del ciberacoso, grooming, explotación digital y otras violencias en línea.
El reto: evitar que el pacto quede en discurso institucional
Aunque el evento mostró un amplio respaldo político y social, especialistas advierten que el verdadero desafío será convertir los compromisos en acciones verificables.
México enfrenta rezagos importantes en:
regulación de plataformas digitales;
mecanismos de denuncia;
alfabetización digital;
protección de datos de menores;
y atención especializada para víctimas de violencia digital.
Además, persiste una fuerte desigualdad tecnológica entre zonas urbanas y rurales, donde incluso el acceso básico a internet continúa siendo limitado.
En ese contexto, el “Pacto Clic Protegido” intenta colocarse como una plataforma de coordinación nacional en un momento donde el entorno digital ya redefine la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes mucho más rápido de lo que avanzan las políticas públicas.
