La evacuación de 210 alumnos de la primaria Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río reabre una discusión estructural: ¿cómo se protege el derecho de la niñez a un entorno seguro en municipios con actividad industrial intensa?
Altamira forma parte del corredor energético del sur de Tamaulipas. Gasoductos, ductos industriales y obras constantes forman parte del paisaje urbano. En ese entorno, las escuelas no son islas.
Derecho a la seguridad
La Constitución mexicana y tratados internacionales reconocen el derecho de niñas y niños a la integridad y a condiciones seguras de aprendizaje. Esto implica:
Infraestructura supervisada.
Evaluaciones de riesgo periódicas. Protocolos de actuación claros.
Coordinación entre autoridades edoucativas y de protección civil.
La respuesta ante la fuga fue oportuna. Sin embargo, expertos en gestión de riesgos señalan que la verdadera protección está en la prevención: mapas de riesgo actualizados, delimitación de zonas seguras y control estricto de obras cercanas a planteles.
¿Prevención suficiente?
El incidente plantea preguntas estructurales:
¿Existe un padrón público de ductos cercanos a escuelas?
¿Se notifica formalmente a directivos antes de iniciar trabajos en redes de gas?
¿Hay simulacros periódicos por riesgo químico o industrial?
La ausencia de lesionados no elimina la necesidad de evaluación profunda. Cada incidente debe convertirse en oportunidad de revisión sistémica.
En zonas industriales, la seguridad infantil no puede depender de la suerte.
