Comunidades fueron excluidas del evento oficial y denuncian simulación.
Por RealidadesMx
Hermosillo, Sonora.— A once años del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, el Gobierno federal presentó una nueva propuesta de acciones para la remediación del Río Sonora. Sin embargo, el anuncio estuvo marcado por exclusión de las comunidades afectadas, falta de transparencia y la reiteración de compromisos incumplidos desde hace más de una década.
Durante el evento oficial, realizado este lunes en Hermosillo, autoridades federales y estatales intentaron impedir el ingreso de integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora, pese a que habían sido previamente invitados. Solo tras presión social se permitió el acceso a una comitiva, que fue relegada a la parte trasera del recinto, un hecho que contradice el discurso oficial de justicia ambiental y participación comunitaria.
En la presentación participaron SEMARNAT, PROFEPA, Secretaría de Gobernación, STPS, CONAGUA, IMSS-Bienestar y el Gobierno del Estado de Sonora. Las autoridades informaron que el nuevo plan se enmarca en el llamado Plan de Justicia para Cananea, impulsado desde la administración pasada, aunque sin resultados tangibles para las comunidades afectadas.
Acuerdo con Grupo México: cifras sin claridad
El anuncio central fue la existencia de un nuevo acuerdo con Grupo México, que contempla la creación de un fondo económico con aportaciones del 70.14% por parte de la empresa, 21.7% del Gobierno federal y 8% del Gobierno estatal. No obstante, el convenio no ha sido hecho público, no se conocen sus cláusulas, ni las obligaciones legales específicas de la minera, ni los mecanismos de sanción por incumplimiento.
Las comunidades advirtieron que mencionar porcentajes no equivale a garantizar justicia, y exigieron conocer el contenido íntegro del acuerdo, así como participar en la definición de acciones, calendarios y esquemas de supervisión.
Obras anunciadas… otra vez
Entre las acciones presentadas destacan la construcción de plantas potabilizadoras, sistemas de desinfección, estaciones de monitoreo de agua, un centro de visualización de calidad del agua y un hospital regional en Ures con laboratorio especializado en metales pesados. Sin embargo, la mayoría de estas obras ya habían sido anunciadas en años anteriores, sin que hasta ahora se hayan concretado.
Lo más grave, señalaron los Comités de Cuenca, es que no existe una calendarización pública ni plazos verificables, mientras la emergencia sanitaria continúa. En estos once años, denunciaron, han muerto personas afectadas por la contaminación sin haber recibido atención médica adecuada ni seguimiento epidemiológico.
El Fideicomiso Río Sonora, el tema incómodo
Uno de los vacíos más graves del anuncio oficial es el silencio sobre el Fideicomiso Río Sonora, cuya extinción fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal determinó que dicho fideicomiso no puede cerrarse sin un proceso de consulta y conformidad de las comunidades, algo que hasta hoy no ha ocurrido.
Las comunidades advirtieron que ningún nuevo mecanismo puede sustituir la justicia por acuerdos opacos, ni borrar responsabilidades históricas de la empresa ni del Estado.
Vigilancia y exigencia
Los Comités de Cuenca Río Sonora y PODER reconocieron que el anuncio representa un cambio en la narrativa institucional, pero advirtieron que sin transparencia, participación efectiva y plazos claros, el nuevo acuerdo corre el riesgo de convertirse en otro acto de simulación.
A once años del desastre ambiental más grave de la minería en México, el mensaje es claro: no habrá cierre político del caso sin justicia real, reparación integral y garantías de no repetición.
Con información e imágenes compartidas en el comunicado de los Comités de Cuenca Río Sonora y PODER.