Por Lidia Bonilla | RealidadesMx
A casi doce años del peor desastre minero en la historia reciente del país, el caso del Río Sonora enfrenta un nuevo capítulo que huele más a cierre político que a justicia: el Gobierno Federal y buscan dar por cumplida una sentencia sin cumplirla.
Sí, así como suena.
Mientras el río sigue contaminado, las comunidades siguen sin acceso pleno a agua segura y los daños a la salud y al ambiente permanecen sin reparación integral, el expediente judicial podría cerrarse en cuestión de días.
La decisión está en manos del juez .
⚖️ Un cierre basado en lo inexistente
El intento de “carpetazo” se sostiene en un elemento tan frágil como alarmante: un supuesto convenio entre el gobierno y la empresa minera.
El problema es que ese convenio:
- No ha sido transparentado
- No ha sido entregado a las comunidades
- Y, peor aún, el propio gobierno ha dicho que no existe
Aun así, ya transfirió 500 millones de pesos bajo ese esquema.
Entonces, la pregunta es inevitable:
¿cómo se puede cerrar un caso con base en un acuerdo que oficialmente no existe?
🧪 La realidad que contradice el discurso
En 2020, la fue clara: la reparación del Río Sonora debía incluir la participación efectiva de las comunidades afectadas.
No era opcional. Era una obligación.
Pero lo que hoy se denuncia es exactamente lo contrario:
- Decisiones tomadas a puerta cerrada
- Exclusión sistemática de las comunidades
- Falta de información pública
Y, sobre todo, una verdad incómoda:
el río no está limpio.
De acuerdo con la , la contaminación persiste y los costos reales de remediación siguen sin cubrirse.
🧩 Simulación institucional: cumplir sin cumplir
Lo que está en juego no es solo un expediente, sino un modelo.
Cerrar el caso en estas condiciones implicaría validar una práctica conocida en México:
simular cumplimiento para evitar responsabilidades reales.
Sin mecanismos claros, sin garantías financieras y sin vigilancia independiente, cualquier promesa de remediación queda en el aire.
Y lo más grave: sin presión judicial, la reparación podría simplemente diluirse.
🚨 Un precedente peligroso
Si el juez decide cerrar el caso, el mensaje será contundente:
En México, una empresa puede contaminar, incumplir y, al final, negociar su salida en lo oscurito.
No es menor.
Este caso podría marcar el estándar para futuros conflictos ambientales en el país.
⚠️ Dos caminos
El juez Rivera González tiene frente a sí una decisión que va más allá del trámite:
1. El camino fácil:
Declarar cumplida la sentencia con base en acuerdos opacos y cerrar el caso.
2. El camino incómodo, pero necesario:
Mantener abierto el proceso hasta garantizar:
- Reparación integral
- Participación comunitaria real
- Transparencia total
🧨 Lo que está en juego
No se trata solo del Río Sonora.
Se trata de definir si la justicia ambiental en México:
- es un mecanismo real de protección de derechos
- o una narrativa que se desactiva cuando incomoda al poder
Porque no, no se puede maquillar la realidad:
No se puede declarar limpio un río que sigue contaminado.
Ni cerrar un caso donde las víctimas siguen esperando justicia.
El fallo no solo cerrará —o no— un expediente.
Definirá si en México la justicia ambiental existe… o se negocia.