La iniciativa de reforma a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Tamaulipas ha encendido alertas entre organizaciones y actores del gremio, al señalar que podría introducir mecanismos de control incompatibles con su espíritu original y avanzar sin un proceso de consulta amplio, plural y representativo, en un tema donde el Estado está obligado a garantizar —no condicionar— la libertad de expresión y la protección de quienes ejercen el periodismo.
Por Lidia Rita Bonilla Delgado
:Para poder opinar con seriedad y responsabilidad, primero hay que conocer el objetivo, los antecedentes y la historia de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como el funcionamiento del mecanismo en Tamaulipas. No es un tema menor ni improvisado.
Desde esa experiencia, preocupa que la modificación que se plantea termine desvirtuando el sentido original de la ley, que es proteger, no controlar ni condicionar, y mucho menos evaluar y calificar el ejercicio periodístico.
Y lo digo con conocimiento de causa: no basta con hablar de cambio, hay que entender qué se está tocando y cuáles pueden ser las consecuencias.
Ahora bien, alternativas sí existen, y no pasan por crear estructuras que puedan prestarse al control del gremio, sino por fortalecer la autonomía desde abajo.
Por ejemplo, hay experiencias en América Latina que valdría la pena mirar —no para copiarlas, sino para adaptarlas— como las escuelas de comunicación y tecnologías libres en Argentina, que parten de un concepto clave: la soberanía tecnológica.
¿Qué significa eso en términos simples? Que periodistas y comunidades no dependan de plataformas privadas —los “latifundios digitales”— para informar, organizarse o resguardar su trabajo, porque ahí también hay riesgos de censura, vigilancia o manipulación.
La propuesta va mucho más allá de lo técnico:
Documentar para evidenciar violaciones a derechos humanos.
Crear infraestructura propia (lo que llaman “huertas digitales”) para no depender de corporaciones.
Cuidarse colectivamente, no solo en lo digital, sino también en lo físico y emocional.
Eso sí es fortalecer al gremio. Eso sí construye protección real.
Además, pone algo fundamental sobre la mesa: la comunicación no es solo un oficio, es una trinchera. Es desde ahí donde se disputa el sentido, se visibiliza lo que otros quieren ocultar y se construye autonomía.
En ese contexto, también es indispensable abrir el debate a una discusión amplia, plural y transparente. Las decisiones que impactan el ejercicio periodístico no pueden construirse desde espacios reducidos ni responder únicamente a la visión de un sector específico del gremio.
La legislación en esta materia debe partir del consenso más amplio posible, escuchando a periodistas en activo, a quienes ejercen en condiciones de riesgo y a las distintas realidades del estado. No se trata de quién impulsa una propuesta, sino de a quién representa realmente.
Porque legislar en torno a la libertad de expresión y la protección de periodistas implica una responsabilidad pública mayor: no se hace para unos cuantos, sino para garantizar derechos colectivos.
Entonces, el debate no debería ser si estamos a favor o en contra del “cambio”, sino qué tipo de fortalecimiento necesita realmente el periodismo: uno que centraliza y puede controlar, o uno que forma, organiza y protege desde la independencia.
Porque lo que está en juego no es menor: es la libertad de ejercer, de informar y de no depender ni del poder político ni de los intereses corporativos.
