La iniciativa presentada por la diputada de Morena, Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, para crear un Colegio de Periodistas dentro de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Tamaulipas enfrenta ya un rechazo total y absoluto por parte de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, organización que agrupa a más de cien integrantes en distintas regiones del estado.
El colectivo exigió el retiro inmediato de la iniciativa al advertir que vulnera la libertad de expresión y abre la puerta a mecanismos de señalamiento institucional contra periodistas mediante figuras como las “recomendaciones éticas” y el denominado “extrañamiento público”.
En su posicionamiento, la Red fue enfática: el periodismo libre no puede quedar sujeto a órganos que determinen qué es o no ético bajo criterios ambiguos ni a instancias con capacidad de exhibir públicamente a quienes ejercen la labor informativa.
El rechazo adquiere relevancia porque contradice directamente la narrativa de respaldo difundida por un grupo reducido de comunicadores vinculados al Colectivo Periodistas COPER A.C., organización de reciente conformación que ha acompañado públicamente la propuesta legislativa.
La postura de la Red introduce un elemento clave en el debate: la iniciativa no fue consultada previamente con el gremio periodístico estatal pese a que modificaría la estructura institucional de la ley que actualmente protege a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Uno de los puntos más sensibles señalados por la organización es la incorporación del “extrañamiento público”, figura que, aunque no implica sanción jurídica formal, puede operar como mecanismo de presión reputacional con efectos reales en el acceso a fuentes, la legitimidad profesional y las condiciones laborales del ejercicio periodístico.
Desde una perspectiva de género, el colectivo advirtió además que este tipo de instrumentos pueden agravar contextos de violencia diferenciada contra mujeres periodistas, particularmente en escenarios donde las campañas de desprestigio y deslegitimación ya forman parte de los riesgos cotidianos del ejercicio informativo.
El rechazo también tiene implicaciones jurídicas de fondo.
La iniciativa propone insertar el Colegio de Periodistas dentro de la propia Ley de Protección, lo que introduce una contradicción estructural: incorporar funciones de evaluación ética del gremio dentro de un marco normativo diseñado originalmente para garantizar su seguridad.
Esta modificación cambia el sentido del mecanismo estatal, al pasar de un esquema exclusivamente protector a uno que podría influir en la valoración institucional del desempeño periodístico.
El caso ha comenzado además a escalar fuera del ámbito local.
Organizaciones del gremio han solicitado seguimiento preventivo a la Sociedad Interamericana de Prensa ante el riesgo de que la reforma pueda constituir un precedente de regulación indirecta del ejercicio informativo desde estructuras vinculadas al Estado.
Con el rechazo abierto de una de las organizaciones más amplias del gremio en Tamaulipas, la iniciativa enfrenta ahora un escenario distinto al planteado originalmente por sus promotores: ya no se trata de una propuesta de fortalecimiento profesional consensuada, sino de una reforma cuestionada por su posible impacto en la libertad de expresión y la autonomía del periodismo en la entidad. ⚖️📰