Salud mental y violencia de género: una deuda urgente en América Latina
Por Lidia Rita Bonilla Delgado
Nueva York, EE.UU. — Las mujeres que enfrentan afectaciones en su salud mental tienen el doble de probabilidad de ser víctimas de violencia de género. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, los presupuestos asignados a la salud mental representan apenas el 2% del gasto total en salud. Esta alarmante brecha fue el eje del evento oficial “Salud mental y violencia de género. Rompiendo el círculo de la vulnerabilidad”, realizado en el marco de la 58 Comisión Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) en Nueva York.
Organizado por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), el Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y el Gobierno de Colombia, el panel reunió a voces expertas para visibilizar cómo los sistemas de salud, justicia y protección social siguen fallando a las mujeres que más lo necesitan.
“La violencia de género debe abordarse como un problema de salud pública”, afirmó María Inés Re, consejera directiva de RSMLAC. “No se puede ignorar que las mujeres con afectaciones de salud mental tienen el doble de riesgo de ser violentadas, y que seguimos sin incorporar la interseccionalidad ni los sesgos de género en los diagnósticos y tratamientos clínicos”.
Desde el ámbito jurídico, Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del MESECVI-OEA, advirtió sobre la desconexión entre los derechos reconocidos y la atención real que reciben las sobrevivientes. “Los Estados están obligados a ofrecer atención integral, incluyendo apoyo psicológico. Pero para ello, deben contar con protocolos claros y capacidades institucionales suficientes”, subrayó.
La diplomacia feminista también se hizo presente. Arlene B. Tickner, embajadora itinerante para Asuntos de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, destacó los avances del país tras el Acuerdo de Paz de 2016. “Ese acuerdo incorporó un enfoque de género pionero y reconoció las violencias sexuales como crímenes atroces. Aun así, seguimos enfrentando desafíos para garantizar atención psicosocial efectiva y políticas públicas basadas en evidencia”, afirmó.
Las panelistas coincidieron en que es urgente fortalecer la recolección de datos desagregados sobre salud mental y violencia de género, incorporar educación en sexualidad y masculinidades no violentas en los sistemas escolares y aumentar los recursos destinados a prevención y atención.
Además, se enfatizó la necesidad de desarrollar modelos integrales de atención psicosocial para mujeres y niñas sobrevivientes, así como para las familias de víctimas de feminicidio y transfeminicidio. También llamaron a los medios de comunicación a adoptar un rol más activo y constructivo en la condena de la violencia contra las mujeres.
El evento fue moderado por Sandra Castañeda, coordinadora general de RSMLAC, y contó con una intervención política de Guadalupe Pérez, también consejera directiva de la organización.
En un contexto regional marcado por retrocesos en derechos y el auge de discursos de odio, el mensaje fue claro: romper el círculo de la vulnerabilidad requiere voluntad política, inversión y un enfoque feminista integral.
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