Protestar no es delito.
En Campeche, mujeres que marcharon el 8M fueron detenidas sin orden judicial y sin pruebas.
Cuando el Estado encarcela la protesta, lo que está en riesgo es la democracia
Condenamos enérgicamente las detenciones arbitrarias e ilegales de mujeres jóvenes ocurridas durante las manifestaciones del 8 de marzo en Campeche.
Las mujeres detenidas ejercían su legítimo y constitucional derecho a la protesta, alzando la voz frente a la violencia estructural que enfrentan mujeres y niñas en el estado, en el país y en el mundo. Sin embargo, fueron privadas de la libertad sin orden de detención, en lugares distintos a donde ocurrieron los hechos que presuntamente motivaron las detenciones y sin evidencia de su participación directa en los incidentes registrados contra elementos policiales.
Reconocemos que toda forma de violencia es inaceptable. No obstante, el Estado no puede responder con detenciones indiscriminadas ni vulnerar los principios fundamentales de derechos humanos, debido proceso y presunción de inocencia. Actuar de esa manera no sólo debilita el Estado de derecho, sino que criminaliza la protesta feminista y vulnera libertades fundamentales.
Detener a quienes marchan no es justicia: es represión.
Ante estos hechos, hacemos un llamado urgente a las autoridades del estado de Campeche a:
* Liberar de inmediato a todas las mujeres detenidas de manera arbitraria.
* Garantizar el pleno derecho a la protesta pacífica, libre de hostigamiento y criminalización.
* Brindar reparación integral a quienes sufrieron detenciones injustificadas, incluyendo atención jurídica, psicológica y el resarcimiento del daño.
El Estado debe ser el primero en respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, recordando que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”, como lo establece el artículo 16 de la Constitución.
Para la REDMYH, el punto central no es el hecho que presuntamente motivó las detenciones, sino el deber irrenunciable de las autoridades de garantizar el Estado de derecho y respetar el debido proceso en todo momento y para todas las personas.
