Por Lidia Rita Bonilla Delgado
Quintana Roo, Julio 2025.- La reciente entrega de 357 constancias a asesores inmobiliarios en Quintana Roo, presentadas como un avance en la transparencia y la legalidad del sector, choca con las denuncias de despojo y daños ambientales por megaproyectos inmobiliarios en el Caribe mexicano.
📌 Puntos clave del contraste
Discurso oficial: El gobierno estatal promovió la capacitación a través de plataformas digitales del IGECE, SEDETUS y SIQROO, y organizó el 1er Foro de Profesionalización Inmobiliaria, argumentando que esto fortalecería la certeza jurídica y combatiría la corrupción.
Realidad en las comunidades: Estudiantes y docentes de la Secundaria Técnica de Puerto Morelos lideran una resistencia activa contra el intento de reubicación de su escuela, impulsado en 2015 por el entonces gobernador Roberto Borge para liberar el terreno a desarrollos inmobiliarios. Este plantel, con valor histórico y social, sigue bajo amenaza por proyectos sin consulta ni reconocimiento de su patrimonio .
🎓 Voces protagonistas
Profesora Guadalupe Velázquez y los estudiantes del CBTA 186 de Puerto Morelos han documentado el valor patrimonial de su escuela, y han detenido parcialmente la reubicación iniciada por intereses inmobiliarios
Humberto Chan, exalumno e integrante de la primera generación que ingresó en 1973, recuerda el compromiso institucional que tenía la escuela con la pesca y la comunidad, y denuncia el abandono actual como parte de una lógica depredadora .
🌱 Dimensión socioambiental
En zonas como Punta Allen, Tulum y Xcalak, comunidades pesqueras mayas denuncian desarrollos que avanzan sin consulta previa, invaden manglares y amenazan formas de vida tradicionales . Más aún, investigaciones de El Colegio de la Frontera Sur y Cinvestav señalan una “tercera etapa del capitalismo” en la región, donde emprendimientos turísticos se imponen al bienestar comunitario, mercantilizando territorios y cultura .
🧭 Puntos conflictivos pendientes
Consulta previa y participación comunitaria: No está garantizada para los megaproyectos, lo que refleja una política top-down que ignora derechos colectivos.
Permisología y vigilancia ambiental: A pesar de clausuras por deficiencias, las obras continúan en zonas protegidas.
Desigualdad y mercantilización del patrimonio: Las escuelas comunitarias y cooperativas ecológicas resisten sin respaldo institucional frente a los desarrolladores.
✳️ Conclusión crítica
La entrega de constancias y el foro inmobiliario podrían ser medidas simbólicas que buscan mejorar la imagen pública del gobierno. Pero sin reformas estructurales en permisos, catastro, consulta y vigilancia, la profesionalización del sector real parece desplazar, más que atender, los conflictos estructurales y ecológicos. ¿Estamos ante una verdadera transformación, o un maquillaje institucional que no toca la raíz del problema?
