• 13 de abril de 2024 12:00 pm

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su inquietud ante la ausencia de condiciones propicias para la realización de elecciones regionales libres y justas en Nicaragua, especialmente en las regiones autónomas de la Costa Caribe.

La CIDH alerta sobre un contexto de cierre del espacio cívico, represión estatal, asedio policial y militarización en territorios indígenas y afrodescendientes.

En los últimos meses, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la CIDH ha recibido informes sobre una estrategia represiva intensificada en la Costa Atlántica.

Esta estrategia busca ejercer control y generar temor entre los movimientos indígenas y afrodescendientes críticos al gobierno, limitando así su participación en las elecciones regionales convocadas para el 3 de marzo de 2024.

Entre los hechos destacados se encuentra la cancelación de la personería jurídica del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA), con la toma de sus instalaciones regionales.

Además, preocupa la detención del diputado Brooklyn Rivera, presidente de YATAMA, y la situación desconocida de otros miembros del partido, beneficiarios de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).La CIDH resalta el cierre y confiscación de sedes de radios comunitarias indígenas, actos de persecución contra líderes indígenas y ataques de colonos armados con la tolerancia de las autoridades estatales.

Estas acciones representan una amenaza seria para la autonomía de las comunidades indígenas y afrodescendientes, poniendo en riesgo su supervivencia cultural y étnica.Las elecciones regionales, que surgieron como resultado de luchas históricas y el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, se enfrentan ahora a un retroceso significativo debido a la falta de condiciones para su celebración.

La CIDH hace un llamado urgente al Estado de Nicaragua para que, de acuerdo con sus obligaciones internacionales, garantice la participación igualitaria de las comunidades indígenas y afrodescendientes en las elecciones y en la toma de decisiones que afecten sus derechos.

Además, insta a cesar la represión, respetar las libertades fundamentales y proporcionar información inmediata sobre el paradero de Brooklyn Rivera, cumpliendo con las medidas provisionales de la Corte IDH.