A pesar del respaldo hacia el partido en el poder, la percepción de impunidad sigue siendo elevada. Casi la mitad de los encuestados considera que la impunidad se ha mantenido, y una mayoría significativa (42%) cree que ha aumentado. Solo una minoría
La percepción de impunidad en México se ha convertido en un problema estructural que, lejos de disiparse, parece afianzarse con el paso del tiempo. Según los resultados de la reciente encuesta «Percepciones de Impunidad 2024» realizada por la organización Impunidad Cero, la sociedad mexicana mantiene una visión punitiva arraigada, al mismo tiempo que observa con preocupación la ineficacia del sistema judicial y la permanencia de la impunidad en el país. Este fenómeno, que podría parecer paradójico, revela profundas fallas en las políticas de seguridad y justicia que se han implementado hasta la fecha.
Impunidad: Un Problema Estructural que No Cede
A lo largo de los años, México ha sido testigo de un persistente problema de impunidad que afecta no solo la percepción ciudadana, sino también la efectividad del sistema de justicia. La encuesta de Impunidad Cero subraya que, en 2023, el 45% de los encuestados opina que la impunidad se ha mantenido en los mismos niveles, mientras que un 42% cree que ha aumentado. Solo un escaso 10% percibe una disminución en este fenómeno.
Este dato es particularmente alarmante si se considera que el partido en el poder sigue gozando de un considerable respaldo popular. A pesar de las promesas de cambio y de una supuesta lucha frontal contra la corrupción y la delincuencia, la percepción generalizada es que el país no ha avanzado en la reducción de la impunidad. Esto, a su vez, refleja una desconfianza profunda en las instituciones encargadas de procurar justicia, donde el 63% de los mexicanos cree que los responsables de delitos solo son llevados ante un juez en contadas ocasiones.
La Persistente Visión Punitiva
Uno de los hallazgos más preocupantes de la encuesta es la persistencia de una visión punitiva entre la sociedad mexicana. Ocho de cada diez personas consideran que todos los delitos deben ser sancionados con cárcel, mientras que siete de cada diez apoyan que los acusados permanezcan en prisión preventiva durante las investigaciones. Esta visión de justicia retributiva, que prioriza el castigo por encima de la rehabilitación o la prevención, sigue predominando en un contexto donde la confianza en las instituciones es baja y la impunidad alta.
No obstante, la encuesta también revela un cambio incipiente en la percepción de la justicia. Por primera vez, ocho de cada diez encuestados identificaron la reparación del daño a las víctimas como una forma válida de impartir justicia. Este avance, aunque pequeño, sugiere una apertura hacia modelos de justicia más integrales que podrían complementar, o incluso reemplazar, la tradicional respuesta punitiva.
Militarización: Una Solución Controvertida
La militarización de la seguridad pública sigue siendo una de las estrategias más debatidas en México. Según la encuesta, el 27% de los mexicanos considera que la presencia de las fuerzas armadas en las calles es la mejor forma de combatir la inseguridad. Este dato es particularmente significativo dado que múltiples estudios y experiencias internacionales han demostrado que la militarización no solo no resuelve los problemas de seguridad, sino que puede agravarlos.
Además, un 22% de los encuestados aboga por aumentar los recursos destinados a las policías, mientras que un 16% cree que incrementar las penas de cárcel para todos los delitos es la solución. Sorprendentemente, un 7% de la población encuestada aprueba la justicia por mano propia, lo que revela una creciente desesperación ante la incapacidad del sistema judicial para ofrecer soluciones efectivas.
Un Llamado Urgente a Replantear las Políticas de Seguridad
Ante este escenario, la organización Impunidad Cero lanza un llamado urgente a replantear las políticas de seguridad y justicia en México. La militarización y el enfoque punitivo han demostrado ser insuficientes para abordar los desafíos de seguridad que enfrenta el país. Es necesario un enfoque más integral que fortalezca las instituciones de seguridad pública de carácter civil, construya capacidades de procuración de justicia y priorice la prevención del delito.
La próxima transición de gobierno ofrece una oportunidad histórica para redefinir estas políticas. Sin embargo, esto solo será posible si se reconoce la necesidad de cambiar la visión punitiva predominante y se enfoca en resolver las causas estructurales de la impunidad. México no puede permitirse seguir en la misma dirección; el país necesita un cambio real que garantice la seguridad y los derechos humanos para todos sus ciudadanos.
En resumen, la encuesta «Percepciones de Impunidad 2024» no solo revela las fallas del sistema actual, sino que también subraya la urgencia de un cambio en la estrategia de seguridad y justicia. El futuro de México depende de nuestra capacidad para aprender de estos errores y avanzar hacia un modelo de justicia más justo.