Ciudad de México.– En medio de un contexto marcado por la violencia y la censura, periodistas y fotoperiodistas mexicanos hicieron público un llamado urgente para frenar el uso arbitrario de herramientas legales como mecanismo de represión contra voces críticas en el país.
A través de una carta abierta difundida este jueves, profesionales del gremio expresaron su preocupación por lo que consideran una escalada autoritaria sin precedentes: la criminalización del ejercicio periodístico mediante la manipulación de figuras legales como la violencia política en razón de género.
“Esta figura, pensada originalmente para proteger derechos, está siendo manipulada para vulnerarlos”, denuncian.
¿Qué está ocurriendo?
De acuerdo con el pronunciamiento, en varios estados de la República tribunales y autoridades locales están imponiendo sanciones a periodistas críticos sin garantías de debido proceso, recurriendo a la censura previa, multas desproporcionadas, registros punitivos y disculpas públicas forzadas.
Estas medidas, acusan, constituyen una forma de violencia institucional que se suma al ya grave escenario de agresiones físicas y asesinatos contra periodistas en México, país que encabeza la lista global de comunicadores asesinados en contextos de paz.
¿Quiénes firman y qué exigen?
Entre los firmantes se encuentran los periodistas Bruno Cortés, Hugo Morales, Lidia Bonilla y René Acuña, quienes exhortaron a sus colegas del gremio a sumarse a la defensa del periodismo libre, denunciando la instrumentalización del aparato judicial para intimidar y silenciar.
El documento plantea tres exigencias concretas a las autoridades:
- Cese inmediato del uso político de la ley para silenciar voces críticas.
- Revisión urgente de casos donde periodistas han sido sancionados sin debido proceso.
- Garantía plena del derecho a informar, investigar y opinar.
¿Cuál es el impacto?
El pronunciamiento sostiene que este tipo de acciones no solo vulneran derechos individuales, sino que ponen en riesgo la democracia misma, al minar la rendición de cuentas y limitar el acceso a la información pública.
“El derecho a informar, cuestionar y exigir rendición de cuentas no puede ni debe criminalizarse”, subrayan.
¿Qué sucederá a continuación?
Los firmantes han lanzado una campaña de firmas abierta a colegas y ciudadanía, disponible en la plataforma Change.org (ver enlace), con el objetivo de visibilizar la problemática y presionar por una respuesta institucional que garantice un entorno seguro y libre para ejercer el periodismo.
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