Ciudad de México, 24 de junio de 2026. En el marco del foro «Otro Juego es Posible: Mundial 2026 y Derechos de la Infancia», organizaciones de la sociedad civil, especialistas, personas defensoras de derechos humanos y representantes de niñas, niños y adolescentes hicieron público un pronunciamiento en el que demandan que la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 incorpore una perspectiva integral de derechos de la infancia.
La iniciativa fue impulsada por la , coalición conformada por cerca de 80 organizaciones presentes en 18 entidades del país, la cual señaló que los megaeventos deportivos generan impactos sociales, económicos y urbanos que deben ser evaluados más allá de los beneficios económicos y turísticos que suelen destacarse.
Durante el encuentro, los participantes señalaron que experiencias registradas en anteriores ediciones mundialistas evidencian riesgos asociados a desplazamientos de comunidades, restricciones de derechos, discriminación, explotación y afectaciones a grupos en situación de vulnerabilidad, por lo que consideraron indispensable colocar el interés superior de la niñez en el centro de las decisiones relacionadas con el torneo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.
Entre las principales preocupaciones expuestas destacan la posible gentrificación de zonas urbanas, el incremento de la vigilancia y control sobre poblaciones vulnerables, la explotación sexual comercial, la trata de personas, así como la creciente exposición de niñas, niños y adolescentes a prácticas publicitarias y digitales consideradas invasivas.
Las organizaciones también manifestaron inquietud por la escasa presencia de la agenda de derechos de la infancia en los procesos de planeación del Mundial, pese a que el evento tendrá repercusiones directas en las ciudades sede y en miles de familias que habitan dichos territorios.
En el documento, los participantes sostienen que el fútbol debe entenderse no sólo como un espectáculo deportivo, sino como una herramienta de inclusión, convivencia comunitaria y ejercicio de derechos relacionados con el juego, la recreación y la participación social.
Por ello, dirigieron una serie de demandas a las autoridades federales, estatales y municipales involucradas en la organización del Mundial. Entre ellas destacan garantizar la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones; prevenir desalojos y desplazamientos derivados de obras de infraestructura; fortalecer las acciones contra la trata y la explotación infantil; transparentar el uso de recursos públicos destinados al evento y asegurar espacios deportivos y recreativos accesibles como parte de su legado social.
Asimismo, el pronunciamiento incluye exigencias dirigidas a la para que fortalezca sus mecanismos de protección a la infancia, incorpore de manera explícita los derechos de niñas, niños y adolescentes en los planes de derechos humanos de las ciudades sede y establezca sistemas transparentes de seguimiento y evaluación de sus compromisos.
Las organizaciones firmantes reiteraron que su postura no representa una oposición al Mundial de 2026, sino un llamado para que el evento contribuya al fortalecimiento de los derechos humanos y deje beneficios permanentes para las comunidades anfitrionas.
«No estamos en contra del Mundial. Sólo creemos que nuestras voces y derechos también deben ser prioridad«, señalaron las y los participantes al cierre del foro.
Finalmente, anunciaron que continuarán monitoreando los impactos sociales del torneo y promoviendo mecanismos de vigilancia ciudadana que permitan evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por autoridades y organizadores.
